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El juez alza el secreto de una pieza de Villarejo en contra del fiscal

El juez alza el secreto de una pieza de Villarejo en contra del fiscal

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha levantado el secreto de una pieza del caso Villarejo, la número 20, en la que investiga una transferencia de 5 millones de euros desde una cuenta de Suiza para el Proyecto KING, un encargo realizado al excomisario para perjudicar a uno de los hijos del dictador Teodoro Obiang.

Lo ha hecho en contra del criterio del fiscal anticorrupción, que previamente le había solicitado prorrogar un mes más el secreto de actuaciones a la vista de "la ingente documentación intervenida en el registro del domicilio en España de Crispín Edu Tomo Maye y Laura Viñas Luembe" en Alginet (Valencia), con el objeto de preservar las diligencias que pudieran derivarse de su análisis.

En su escrito, el fiscal argumentaba que el conocimiento "por las partes", "podría frustrar el fin" de esas diligencias; "entre ellas las que necesariamente se han derivado del análisis y valoración de la ingente documentación intervenida" en el citado domicilio y en el del investigado Francisco Menéndez Rubio en Madrid.

"Una relevante documentación relacionada con las actividades económicas de estos clientes guineanos que contrataron" a Villarejo "y que viene a confirmar que los fondos con los que le remuneraron con más 5.000.000 euros transferidos desde una cuenta de Suiza procedían de sus ilícitas actividades en la adjudicación de contratos de la empresa pública GEPETROL de Guinea Ecuatorial".

Exponía además que la "profundización en la investigación ya ha exigido la emisión de múltiples Órdenes Internacionales de Detención cuya eficacia depende en gran medida de la preservación de su conocimiento por parte de los investigados afectados".

Lo mismo sucede, añadía, con "la práctica de ulteriores diligencias de investigación" como la emisión de comisiones rogatorias como la solicitada el pasado enero a Malta y que se encuentra pendiente de ejecución.

Sin embargo, el juez entiende que han transcurrido ya más de dos años desde que se acordó el secreto de esta pieza y observa que no hay ningún oficio policial "del que quepa inferir que, en el momento presente, sea necesario mantener el secreto, so riesgo de perjudicar el buen fin de la presente instrucción".

"Únicamente se menciona" que se acordó pedir auxilio judicial a Malta, señala el juez, a quien le resulta "endeble" como argumento "para sustentar, por sí solo, el mantenimiento del secreto".

"Siempre cabrá que resten alguna diligencia por practicar, y que de ella, de modo hipotético, se puedan derivar otras diligencias ulteriores", expone el juez en su auto.

Recuerda además que este secreto "continúa el ya existente, en la pieza principal", que se abrió en 2017 con la detención de Villarejo, por lo que la continuación del secreto "conlleva que deban exigirse elevados estándares de justificación".

La pieza principal del caso Tándem se originó a partir de una denuncia de Francisco Menéndez contra Villarejo, que prestó servicios de espionaje para unos clientes originarios de Guinea Ecuatorial.

Para el fiscal, "los múltiples contratos, facturas, resguardos de trasferencias y hojas de contabilidad" intervenidos en los dos citados registros han revelado que el origen del dinero del que disponía Menéndez, "en concreto, las transferencias de fondos que éste y las sociedades a las que representaba", procedían, directa o indirectamente, de la compañía estatal GEPETROL.

Los documentos analizados, asegura, "constituyen una cadena de contrataciones y una serie de flujo de fondos, que reproduce en múltiples contrataciones un claro esquema de corrupción en los negocios y posterior blanqueo de las comisiones percibidas, con pago a sociedades que prestarían ficticios servicios de consultoría".

A través de esas sociedades, continúa, "se canalizan los fondos hasta las mercantiles del testaferro español de los funcionarios corruptos de Guinea Ecuatorial, que finalmente hace retornar los fondos a sus clientes, por medio de repartos de dinero en las proporciones previamente pactadas, o mediante inversiones inmobiliarias o en bienes de lujo, en España y en el extranjero, principalmente en los Estados Unidos".