Trece trabajadores del cementerio de Almudena fueron sancionados por ir a bares

Trece trabajadores del cementerio de la Almudena aceptaron la sanción impuesta por la funeraria del Ayuntamiento de Madrid tras “comprobarse” que abandonaban su puesto de trabajo de forma “injustificada” para acudir a “bares cercanos” en horario laboral, mientras que otro trabajador decidió recurrir la sanción al juzgado de lo social.

Así lo han trasladado este viernes fuentes municipales, después de que la portavoz del Grupo Mixto (Recupera Madrid), Marta Higueras, haya denunciado esta mañana la existencia de “dosieres de seguimiento a personas” en el seno de los Servicios Funerarios de Madrid.

"Hemos conocido recientemente que se pudieran estar dando otros casos de espionaje o seguimiento desde otra empresa pública municipal, concretamente desde la funeraria. Se están haciendo seguimientos, supuestamente, a empleados de la funeraria, pero la verdad es que no lo tenemos muy claro, no sabemos si esto es así o son otras personas las que están siendo espiadas”, ha dicho Higueras.

Ha expuesto que en un consejo de Administración de la empresa pública en el que estuvo presente se dijo que "hay un dosier de seguimiento a personas”, que era un documento “voluminoso” y contenía “fotografías”. Al pedir la información sobre ello, se le contestó que era algo “confidencial”.

Fuentes municipales han asegurado más tarde que en la funeraria municipal “no hay 'dossieres de seguimiento sobre ningún trabajador”, y apuntan que lo que denuncia Recupera Madrid viene de marzo de 2021.

Entonces, ante “rumores” y “denuncias” en el ámbito de la empresa de que varios trabajadores del cementerio de la Almudena “pasaban parte de su jornada laboral en los bares cercanos”, utilizando además “algunos de ellos los vehículos de la propia empresa que dejaban mal aparcados en segunda fila valiéndose precisamente de eso”, se puso el caso en manos de un abogado.

Según las fuentes, el abogado “afirmó que existían motivos suficientes para incoar expedientes e inició las pesquisas para comprobar si, efectivamente, siempre dentro de su horario laboral, esos trabajadores abandonaban su puesto de trabajo de forma injustificada y acudían a bares cercanos”.

Algo que “pudo comprobarse”, recabando “pruebas de ello”, por lo que se abrió expediente a catorce personas.

De ellas, trece aceptaron la sanción impuesta por la empresa, y una persona decidió recurrir dicha sanción al juzgado de lo social, estando pendiente el juicio, abundan las fuentes.

CCOO EXIGE DEPURAR RESPONSABILIDADES ANTE ESTA "POLÍTICA REPRESIVA"

Por su parte, el sindicato CCOO ha exigido en un comunicado que se "investigue a fondo" el asunto y "se depuren responsabilidades, si las hubiera", en la empresa pública, que a su juicio ha hecho gala de una "política represiva".

CCOO indica que su representante sindical en la funeraria "ya denunció supuestas prácticas de espionaje" a trabajadores, y lamenta que la empresa abogue por "la represión y la sanción" en vez de por "la prevención".

El sindicato avala la versión de que la dirección de la empresa "ya había verbalizado en reunión con la representación de los trabajadores y trabajadoras disponer de un amplio dossier con más de 200 páginas que además incluía numerosas imágenes en las que se podían identificar a los trabajadores con total nitidez".

"Estamos ante una situación muy grave de ocultación de información en una Administración Pública, y exigimos total transparencia en la gestión de una empresa pública y la asunción de responsabilidades si las hubiera”, concluye el sindicato.