El teniente de alcalde de Fresno de Torote, inhabilitado por segunda vez por malversar 4.000 euros del Ayuntamiento
El exalcalde de Fresno de Torote y primer teniente de alcalde Javier Laguna ha aceptado una condena de seis meses de cárcel e inhabilitación de año y medio al reconocer que incurrió en un delito de malversación de 4.000 euros de la caja del Ayuntamiento del municipio tras prosperar una Moción de Censura que le retiró de ese cargo, han informado fuentes jurídicas.
Se da la circunstancia de que sobre Javier Laguna pesa una sentencia firme desde el pasado febrero por la que se le condenó a ocho meses de cárcel como autor responsable de un delito de acoso laboral a la secretaria interventora municipal.
En junio de 2021, la Audiencia Provincial de Madrid confirmó la condena pero fue recurrida ante el Tribunal Supremo, que rechazó el recurso de casación, según han detallado las mismas fuentes.
En cuanto a los hechos objeto del actual procedimiento, el teniente de alcalde y la tesorera municipal afrontaban una pena de cuatro años de cárcel a petición del fiscal.
El juicio no ha llegado a celebrarse al alcanzar las partes un acuerdo de conformidad para reducir la condena a seis meses de prisión, lo que le libra de la cárcel.
Desde el PSOE crítican que la alcaldesa de la localidad, Ana Isabel Arias, le haya protegido al seguir el exalcalde "asistiendo a actos públicos a pesar de la firmeza de la sentencia".
El fiscal relataba en su escrito que el 18 de octubre de 2016 el antiguo regidor y la exconcejal ya habían sido removidos de sus cargos al prosperar una moción de censura.
Pese a ello, ambos se pudieron de acuerdo para retirar de la caja fuerte del Ayuntamiento la cantidad de 12.457,37 euros para ingresarlos en la cuenta que el Ayuntamiento tiene abierta en una entidad bancaria a los fines de su gestión.
El ingreso se hizo efectivo al día siguiente por parte de la edil salvo 4.058,46 euros que se quedaron los acusados de la que hicieron copio los acusados.
ACOSO LABORAL
La sentencia de junio le inhabilitó para el ejercicio de cargo público durante el tiempo que durase la condena y absolvió a tres ediles que habían sido acusados del mismo delito, entre ellos la actual alcaldesa Ana Isabel Arias.
Los hechos se produjeron tras las Elecciones Municipales de 2015 con la entrada del nuevo equipo local. Según denunció la afectada, se la dejó de "brazos cruzados" a raíz de denunciar un presunto expediente irregular y por su condición de habilitada nacional del sindicato de funcionarios CSIF.