A juicio el dueño de Desguaces La Torre por ampliar su empresa de forma ilegal

La Audiencia de Madrid juzga este martes a Luis Miguel R.G., dueño de Desguaces La Torre, por varias obras de ampliación de su empresa en Torrejón de la Calzada en suelo no urbanizable y sin autorización legal por parte del ayuntamiento.

Fiscalía pide en sus conclusiones provisionales 3 años y 9 meses de cárcel para el empresario por un delito contra la ordenación del territorio y otro de desobediencia.

Asimismo, el representante del Ministerio Público exige la demolición completa de las construcciones.

Por estos hechos, la Audiencia madrileña condenó a 15 meses de prisión al exalcalde de Torrejón de la Calzada Eugenio García, del PP, por un delito de prevaricación urbanística omisiva, por no tomar medidas para detener estas obras pese a los informes técnicos emitidos por el ayuntamiento y otros organismos.

En su escrito, el fiscal señala que Luis Miguel R.G. es el propietario y administrador único de la empresa Desguaces La Torre, dedicada al desguace de vehículos, aunque en el Registro Mercantil "consta que su objeto es la promoción inmobiliaria".

Su sede se encuentra en el municipio de Torrejón de la Calzada desde el 14 de enero de 1986, cuando se le concedió la licencia para instalar la actividad de desguace de coches y otros sin maquinaria.

El representante del Ministerio Público relata que el acusado comenzó un proceso de compra, a nombre de la mercantil, de parcelas próximas a sus instalaciones en dicho municipio "con la intención de realizar una ampliación de las mismas y una diversificación de las actividades".

En concreto, entre 2009 y 2011 adquirió 24 parcelas del polígono 1 de Torrejón de la Calzada, "clasificadas como suelo no urbanizable protegido por su interés agrícola", al que afecta también la "protección arqueológica, con unas dimensiones aproximadas de 25 hectáreas".

A partir de entonces comenzó a realizar actuaciones de transformación de suelo amparándose, según la Fiscalía, en una solicitud de licencia de obra menor, cuya concesión se denegó por el ayuntamiento al ser incompatible con la normativa.

En septiembre de 2011 el acusado solicitó las mismas autorizaciones que, por segunda vez, le fueron denegadas y se le requirió que suspendiera las obras.

El acusado, "perfectamente consciente de que estaba actuando sin ningún tipo de autorización y en contra de la normativa vigente", dice el fiscal, no detuvo las obras, que continuaron hasta 2016.

En ese periodo de tiempo ejecutó un cerramiento perimetral de hormigón de unos 3 metros de altura, movimientos de tierras y explanaciones, la elevación de una nave principal y varias auxiliares, o el encauzamiento de arroyos pertenecientes al dominio público hidráulico, afectando a la zona de la línea de alta tensión de Morada-Moraleja y Moratalla-Villaviciosa.

Según el fiscal, el acusado llevó a cabo todas estas actuaciones de forma "clandestina" y sin ningún respaldo legal, esperando que le fueran legalizadas "a posteriori".

Añade que la zona afectada sufrió una transformación "radical" y "permanente".