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La Comunidad auditará el sistema de protección de menores de la región

La Comunidad auditará el sistema de protección de menores de la región

La Comunidad de Madrid pondrá en marcha una auditoría funcional sobre el sistema de protección de menores de la región, como ejercicio de "transparencia" para evaluar su "eficacia y calidad", tras el caso de las menores tuteladas que fueron prostituidas por una red.

Así lo avanzará este la consejera de Familia, Juventud y Política Social, Concepción Dancausa, durante su comparecencia en el Pleno de la Asamblea de Madrid para dar cuenta de la colaboración de su departamento en la investigación policial de la denominada Operación Sana, tras la detención el pasado 30 de noviembre de 37 personas y la liberación de 10 menores, varias de las cuales residían en centros de protección de la región.

Dancausa había solicitado comparecer a petición propia en la Cámara regional por este caso, al igual que toda la oposición en bloque, incluido Vox, que pidió que la consejera explicara las actuaciones de su departamento en este asunto.

Tras este caso, Dancausa ya ha solicitado a la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo para que realice, a través de su Inspección de Servicios, una auditoría, que se pondrá en marcha en este semestre, y analizará la gestión y los procedimientos del sistema de protección de menores de la región, evaluando de manera "crítica, sistemática e imparcial" la eficacia de las actuaciones que desarrollan las distintas unidades y recursos que integran la red.

El objetivo final de este trabajo será identificar aspectos del funcionamiento de esta red de protección para que puedan ser mejorados y formular propuestas que permitan incrementar la eficacia y calidad de su gestión.

La Comunidad de Madrid negó inicialmente que las menores estuvieran bajo su tutelaje, salvo una de ellas que se encontraba en el centro de Picón de Jarama, cuya dirección denunció el entramado de la red.

Posteriormente, el Gobierno Regional confirmó que al menos tres de las diez menores residían en los centros de protección de la región, pero la Delegación del Gobierno en Madrid aseguró que eran cinco.

Los integrantes de la banda contactaban con las menores a través de redes sociales ganándose su confianza y, posteriormente, las utilizaban para ofrecer servicios sexuales a clientes a los que suministraban sustancias estupefacientes.

En algunos casos las obligaban a distribuir ellas mismas la droga, a bordo de patinetes y, tras la entrega, eran agredidas sexualmente por los propios consumidores. En otras ocasiones, los detenidos las trasladaban al polígono Marconi, donde ofrecían a los compradores de la droga mantener relaciones sexuales con ellas.

La mayoría de los integrantes de la banda son dominicanos y, tras pasar a disposición judicial, el juez decretó el ingreso en prisión de ocho de ellos.

Entre los arrestados está un hombre, ecuatoriano de 65 años, que se encuentra en prisión acusado de matar a otro de un puñetazo el 12 de agosto de 2021 en la avenida de Monte Igueldo, en el distrito madrileño de Puente de Vallecas.

Otro de los detenidos es un cantante de rap de YouTube, conocido como Saymol Fyly, con más de 150.000 suscriptores en esta red social.

LA COMUNIDAD DE MADRID JUSTIFICA QUE DENUNCIÓ LAS AUSENCIAS DE LAS MENORES EN LOS CENTROS

Desde el Ejecutivo regional han aseverado que se alertó "ochenta veces a Policía, Fiscalía y juzgados" sobre las desapariciones de las menores tuteladas de los centros y, durante el último año y medio, presentó escritos sobre el seguimiento de las menores a juzgados y Fiscalía, así como denuncias al Grupo de Menores (Grume) ante las ausencias voluntarias del centro por parte de las menores.

Sin embargo, la Comunidad de Madrid mantiene que eran tres de estas niñas las que estaban bajo su tutela y que residen en un centro de protección de la región especializado en el tratamiento de menores con trastornos y problemas de conducta, el centro Picón de Jarama, que remarca que es de régimen "abierto" y, por tanto, "tienen derecho por ley a salir de las instalaciones como parte del proceso educativo y de aprendizaje".

Apunta que para residir en este centro es necesario una autorización judicial que permite a su director establecer "ciertas restricciones a los movimientos y salidas de los menores" que deben comunicarse a la Fiscalía pero "no se debe restringir la libertad de movimiento porque el objetivo es protegerles; no aislarles".

TRES DENUNCIAS ANTE AGRESIONES A UNA MENOR

Aún así, el Ejecutivo regional asegura que se solicitó la limitación de movilidad para una de las menores ya que se sospechaba que "sus ausencias frecuentes" podrían "estar relacionadas con la prostitución".

El 21 de octubre de 2021 la dirección del centro solicitó a la Fiscalía de Menores "ampliar la privación de salidas de ocio o de tiempo libre", que respondió que carecía "de competencia al efecto", por lo que el centro dirigió esta petición al Juzgado nº1 de Torrejón de Ardoz del que "nunca se obtuvo respuesta".

Respecto a las otras dos menores, la Comunidad de Madrid apuntan que sobre una de ellas llegó a denunciar su situación en tres ocasiones. La primera porque no llevaba al centro "a la hora prevista" y, "tras idas y vueltas", la menor contó el pasado 25 de septiembre de 2020 que "había sufrido una agresión sexual" que fue trasladada a la Guardia Civil.

A finales de octubre del mismo año, se ausentó tras una cita médica y no fue hasta febrero de 2021 cuando contó que durante el mes de octubre había sufrido "una agresión sexual en una localidad de la provincia de Toledo en la que fue retenida", lo que motivó que una educadora interpusiera una denuncia a la Guardia Civil.

A finales de agosto 2021, la menor no volvió al centro pero recibieron la llamada de la madre de la niña que le "había contado que había sido víctima de una agresión sexual" y, al día siguiente, la directora del centro fue por tercera vez a la Guardia Civil y pidió a la progenitora que llevara a la niña a la institución

Una semana después, agentes de la Unidad de Familia y Atención a la Mujer (UFAM) de la Policía Nacional acudieron a las instalaciones, donde la menor ratificó la denuncia, "lo que desencadenó la operación policial", según defiende la Comunidad.