Una federación de padres pide que se hagan test a los contactos estrechos en las escuelas
La Federación de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (FAPA) Francisco Giner de los ríos pide una revisión del protocolo de actuación ante la aparición de casos de Covid-19 en centros educativos de la Comunidad de Madrid y reivindica la realización de test de antígenos a los contactos estrechos de un positivo en las aulas.
La presidenta de la FAPA Francisco Giner de los Ríos, María del Carmen Morillas, califica de "caótico" el comienzo del segundo trimestre del curso 2021-2022 y muestra su preocupación por la alta incidencia de los contagios provocados por la variante ómicron en esta sexta ola en los centros educativos de la región.
Según datos de la Consejería de Educación a fecha 20 de enero, en la Comunidad de Madrid hay 36.522 alumnos (el 2,94 por ciento del total) y 2.504 docentes (el 3,13 por ciento) en cuarentena. Las aulas confinadas se elevan a 599 (el 0,92 por ciento).
Los alumnos positivos por coronavirus son 27.756 (el 2,23 por ciento), mientras que los docentes positivos por Covid-19 ascienden a 3.275 (el 4,09 por ciento).
Desde el departamento que dirige Enrique Ossorio distinguen entre los "positivos confirmados" y quienes están en cuarentena, ya que estos últimos "están confinados por ser contacto estrecho de un positivo o tienen sospechas de que puedan tener el virus al presentar síntomas".
La FAPA Francisco Giner de los Ríos estudia la posibilidad de volver a denunciar el protocolo por vía administrativa ante las Consejerías de sanidad y de Educación, al tiempo que reclama la revisión del documento, que "se ha suavizado mucho, a pesar de que seguimos en una pandemia".
Morillas defiende que se realicen test de antígenos a los contactos estrechos cuando haya un positivo en una clase como medida de prevención para evitar la expansión del virus, en vez de esperar a que haya tres casos para comunicarlo a la Dirección General de Salud Pública, con el fin de que decida si se debe confinar el aula o no.
"Ha habido casos de centros educativos en Madrid, con tres positivos, que cuando Salud Pública les ha comunicado que tenían que cerrar el aula ya tenían quince positivos, porque están saturados y tardan varios días en contestar", señala la presidenta de la FAPA.
Otro de los problemas, según Morillas, ha sido "la falta de agilidad en los procesos burocráticos para realizar las sustituciones de las bajas docentes y la falta de profesionales suficientes en las bolsas docentes para cubrir las bajas en especialidades concretas", una situación que, a su juicio, la Administración tendría que haber previsto dos años después del comienzo de la crisis sanitaria.
Para la FAPA, la Comunidad Madrid tendría que haber mantenido la contratación de docentes de refuerzo, como demanda toda la comunidad educativa, en vez de despedir a 7.000 profesionales reclutados por la pandemia.
"Además de una medida higiénico-sanitario, la contratación de docentes de refuerzo permitió para bajar las ratios (el número de alumnos por aula), pero también fue una herramienta pedagógica muy poderosa que mejoró los resultados académicos y la convivencia escolar en las etapas educativas que estuvieron trabajando de manera presencial", destaca la presidenta de la FAPA.
Morillas plantea una revisión del protocolo fomentando la participación de toda la comunidad educativa, ya que, en su opinión, "la Administración regional toma decisiones de forma unilateral, que luego afectan directamente a los docentes, los alumnos y las familias".
La FAPA Francisco Giner de los Ríos solicita "la corrección de las incoherencias" existentes entre los protocolos de las distintas comunidades autónomas, al tiempo que hace un llamamiento a la coordinación y el diálogo entre las diferentes Administraciones públicas para ofrecer soluciones a los problemas de conciliación familiar y laboral, lo que no está reflejado en esos procedimientos.
"Al principio de la pandemia, el curso pasado solicitamos a la Comunidad de Madrid la creación de una comisión de seguimiento de covid-19, en la cual estuvieran las Consejerías de Sanidad y de Educación y los representantes de la comunidad educativa, para abordar la elaboración del protocolo, entre otras cuestiones, pero se hizo caso omiso de la petición", recuerda Morillas.