Madrid avanza en la ley ómnibus que prevé aprobar en junio de 2022

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha sido informado este miércoles sobre el anteproyecto de la Ley de medidas urgentes para impulsar la actividad económica y la modernización de la Administración de la región, conocida como Ley Ómnibus.

La Ley, acorde al procedimiento, podría estar aprobada y publicada en el mes de junio de 2022.

El anteproyecto pretende actuar sobre 45 textos normativos, incluyendo 34 leyes, tres decretos legislativos, cuatro nuevas regulaciones de rango legal y cuatro decretos y en este cómputo se incluye la derogación total o parcial que el Anteproyecto realiza sobre tres leyes y dos decretos, ha informado en un comunicado el Gobierno Regional.

A través de la Comisión Interdepartamental para la Reducción de Cargas Administrativas y la Simplificación Normativa se han analizado las normas vigentes en distintas áreas con el objetivo de identificar su conveniencia y, proceder a su actualización, simplificación o derogación, y reducir así los trámites burocráticos tanto a empresas como a ciudadanos.

Con esta norma se calcula que se pueden reducir en cerca de 2 millones de euros las cargas administrativas y mejorar su eficiencia para ciudadanos y empresas, añade el Gobierno madrileño.

El objeto de las reformas es "impulsar la actividad económica en la región, adaptar el cuerpo normativo actual a las nuevas realidades sociales y económicas, eliminar cargas innecesarias y modernizar la organización administrativa", señala la Comunidad de Madrid.

Así, se propone modificar el régimen de publicidad, promoción y patrocinio del Juego con el fin de regular el juego responsable y también se revisa su régimen sancionador, se establecen políticas para realizar esta actividad de manera adecuada y se contemplan acciones preventivas, de sensibilización, intervención y control.

Desde la Consejería de Medioambiente, Vivienda y Agricultura se está ultimando una nueva modificación de la Ley 9/2001 del Suelo, más "liberalizadora" que permita reactivar la economía regional, las Leyes 2/1991, para la Protección y Regulación de la Fauna y flora Silvestres y la 16/1995, Forestal y de Protección de la Naturaleza.

Además de dar una mayor cobertura a las especies protegidas y a los montes públicos se regularán diferentes aspectos en materia de aprovechamientos forestales y eliminarán cargas administrativas y también prevé modificar la Ley 2/2002 de Evaluación Ambiental para hacer más eficiente la norma.

El texto propone modificar la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad de Madrid para incluir nuevas exenciones y reducciones en el ámbito educativo, del medioambiente, la formación y el empleo.

En materia sanitaria, el anteproyecto de Ley recoge la creación de la Agencia de Contratación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, adscrita al SERMAS con la finalidad de contratar suministros, bienes y servicios que sean declarados de gestión centralizada en este campo.

Desde la Consejería de Administración Local y Digitalización se propone la modificación de la Ley 2/2003 de Administración Local, con el objetivo de crear mancomunidades de interés general simplificando el procedimiento para la modificación de sus estatutos.

Desde la Consejería de Transportes e Infraestructuras se establece que la competencia para la regulación y gestión de los Vehículos de transporte con Conductor (VTC) corresponde a la Comunidad de Madrid.

En materia de Deporte">Deporte, se dota de mayor seguridad jurídica a los profesionales del deporte para que puedan mantener su actividad hasta la entrada en vigor del reglamento de las desarrolle.

El anteproyecto también introduce otras medidas de simplificación normativa, de modernización de la Administración y de reducción de cargas en materia de vivienda, de prevención y extinción de incendios y en el cuerpo de agentes forestales, así como en el ámbito de coordinación de Policías Locales y en materia de Transparencia y Buen Gobierno, entre otros.

En particular, el texto atribuye a la consejería competente en materia de Economía la evaluación del impacto económico en la tramitación de anteproyectos de ley, decretos legislativos y disposiciones reglamentarias, lo que supone por parte de la Administración regional una decidida voluntad de desarrollar una actividad normativa que evite trabas y obstáculos a la libre competencia y a la unidad de mercado.

Por otro lado, se atribuye a la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior la coordinación y la calidad de la actividad normativa del Gobierno y da carácter permanente a la Comisión Interdepartamental de Simplificación Normativa y Reducción de Cargas Administrativas.