Ignacio González cree que su causa es un "montaje" de Villarejo para hundirle
El expresidente madrileño Ignacio González ha pedido a la Audiencia Nacional que anule el caso Lezo, por el que está a las puertas del banquillo de los acusados, al considerarlo un "burdo montaje" orquestado por el excomisario José Manuel Villarejo para hundirle "política y personalmente" por encargo de terceros.
Presidente del Gobierno de la Comunidad de Madrid entre 2012 y 2015, González ha presentado un escrito, al que ha tenido acceso, en el que acusa a Villarejo de dirigir "en la sombra" el caso Lezo, que cree que únicamente perseguía "aparentar la existencia de delito" en su actuación "y crear informaciones falsas para apartarlo de la vida política".
González, también investigado por la presunta financiación irregular del Pp de Madrid en el Caso Púnica, se apoya en las anotaciones sobre Lezo que aparecieron en las agendas de Villarejo para concluir que el comisario -investigado por múltiples presuntos encargos de espionaje- "estaba organizando por encargo una estrategia" contra él.
Aunque su escrito de defensa se centra en la pieza sobre la presunta adjudicación irregular a OHL de las obras del tren de Navalcarnero en 2007, el exdirigente del PP de Madrid cree que todo su procedimiento es nulo "por ser ilícito" al tener origen en informaciones entregadas "por una fuente anónima (según él, Villarejo) a la que se otorga credibilidad y fiabilidad absoluta".
Va más allá González al tachar su causa de "montaje" orquestado por Villarejo, que "convenció" a los agentes de la Guardia Civil que iniciaron la investigación "de la credibilidad de los datos que aportaba" implicándole en el cobro de una comisión por la citada adjudicación.
En realidad, afirma el expresidente regional, Villarejo estaba aportando "unas informaciones falsas y creadas ad hoc para montar una operación policial y judicial" contra él "aprovechándose de su condición de policía".
Apunta además que alguna anotación hallada en su agenda tuvo lugar cuando la investigación estaba secreta de modo que el comisario "no tenía por qué conocerla (...) salvo que fuera él quien estaba dirigiéndola en la sombra".
Pero este no es el único motivo por el que González quiere derribar una causa que considera "general y prospectiva", con "documentos ilícitamente obtenidos". También denuncia vulneración de derechos como el secreto de las comunicaciones y la intimidad, y carga contra los registros y las grabaciones efectuadas en la causa por orden judicial.
González, que pide la testifical del exconsejero madrileño Francisco Granados en el juicio, asegura en su escrito no haber cometido ningún delito "por mucho que fuera vicepresidente de la Comunidad de Madrid" cuando sucedieron los hechos.
La Fiscalía solicita cuatro años de prisión y una multa de 2 millones de euros para él por un delito de cohecho pasivo en la pieza del tren de Navalcarnero.