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El PP de Móstoles exige la "dimisión en bloque" de los miembros del Gobierno investigados por malversación y prevaricación

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El PP de Móstoles ha exigido este jueves la dimisión en bloque de los miembros del Gobierno investigados por un presunto delito de malversación y otro continuado de prevaricación por "condonar" una deuda de 2,4 millones de euros a una empresa de ITV.

"Exigimos la dimisión inmediata de la alcaldesa, Noelia Posse (PSOE), y de los concejales integrantes de esa Junta de Gobierno Local, porque sobre ellos cierne la sospecha de haber tomado una decisión que perjudica gravemente los intereses de los mostoleños", han dicho la Portavoz Popular, Mirina Cortés.

Una reacción que llega después de que ayer se conociese que el juez titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Móstoles había citado como investigados a David Muñoz, Rebeca Prieto, Alejandro Martín, María Luisa Ruíz, María Dolores Triviño y Natividad Gómez, que forman parte del Ejecutivo local; además de a Beatriz Benavides, que actualmente no está pero que sí formó parte de la Junta de Gobierno local donde se aprobó.

Los cuatro primeros declararán el 16 de febrero, mientras que el resto lo hará el 29, según la providencia a la que ha tenido acceso Europa Press.

La regidora, por su parte, ya lo hizo el pasado 18 de noviembre. A su salida, atribuyó la acusación a "una querella política", manifestado estar "muy tranquila" y mostrando su confianza en la Justicia.

También esos días fueron citados como investigados el tesorero del Ayuntamiento y el por entonces concejal de Hacienda, Aitor Perlines, sobre quien en su declaración la alcaldesa "descargó la responsabilidad" manifestado que se trataba de una iniciativa del concejal y que la urgencia también la tramitó el edil, según señalaron fuentes de la acusación.

"CRISIS INSTITUCIONAL"

Desde el Partido Popular han insistido en que "nos encontramos ante una crisis institucional sin precedentes", donde los miembros del órgano que toma las decisiones "más importantes sobre la ciudad", la Junta de Gobierno Local, "se encuentran imputados por un presunto delito de prevaricación y malversación".

Cabe recordar que la querella, interpuesta por Más Madrid Ganar Móstoles (MMGM), y admitida a trámite en abril, se sustenta en que se "perdonó" el cobro de deuda pública a una empresa que no habría satisfecho las tasas que suponen la utilización de suelo público para desarrollar su actividad en la localidad, según argumentan en la denuncia a la que ha tenido acceso Europa Press.

"La necesidad de la Administración era el cobro de la deuda contraída por la sociedad y no todo lo contrario, su condonación de más de la mitad de la deuda, el aplazamiento sin garantías e intereses de la deuda no condonada, y la reducción del canon para los próximos 20 años", recalcan en el documento.

Además, señalan que la decisión se toma "a pesar de la existencia de varios informes desfavorables del Interventor y del Secretario del Ayuntamiento", entendiendo que se pretendía acordar "una quita no prevista en la legislación concursal y expresamente prohibida por el Derecho Público, con grave perjuicio para la Hacienda Local".

En el mismo documento de admisión a trámite se insiste en que los hechos que resultan de las anteriores actuaciones "presentan características que hacen presumir la posible existencia de delito/s de prevaricación administrativa".

"QUERELLA POLÍTICA"

No obstante, y tras conocerse las nuevas citaciones, desde el Ayuntamiento han reiterado que "se trata de una querella política", y que lo que se hizo fue en pos de "mantener los empleos" y para "garantizar" que se pudiese cobrar al menos una parte de lo adeudado.

Aún así, esta misma mañana, la secretaria de organización del PSOE-M, Marta Bernardo, ha avanzado que el partido ha dado un plazo de 24 horas a la Junta de Gobierno de Móstoles para que comunique su situación procesal.

"Una vez tengamos esa información haremos las valoraciones y aplicaremos nuestros recursos que son nuestro código ético milimétricamente y de forma contundente", ha trasladado Bernardo en declaraciones a los periodistas antes del Pleno de la Asamblea de este jueves.