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El Gobierno destina cinco millones de euros para el realojo de familias de la Cañada Real

El Gobierno destina cinco millones de euros para el realojo de familias de la Cañada Real

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto por el que se regula la concesión directa de 5 millones de euros a los ayuntamientos de Madrid y Rivas Vaciamadrid, para la realización de programas de realojo para familias en situación de vulnerabilidad social extrema en los sectores 4, 5 y 6 de la Cañada Real Galiana, considerado el mayor asentamiento informal de Europa tanto en extensión como en población.

La ministra portavoz, Isabel Rodríguez, ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes que el objetivo de estos fondos es que estas administraciones locales “competentes activen todos los protocolos que están escritos para cumplir el Pacto Regional por la Cañada Real”, y que permitan “revertir una situación injusta y de pobreza que hemos de erradicar en nuestro país”.

La subvención se financiará con cargo al presupuesto de la Secretaría de Estado para la Agenda 2030 para el año 2021, que asimismo será el órgano encargado de hacer el seguimiento de las actividades desarrolladas.

El 60 % de los 5 millones de euros irá destinado a programas de realojo e inclusión social que realice el Ayuntamiento de Madrid (3 millones) mientras que el 40 % restante será para el Ayuntamiento de Rivas (2 millones).

En diciembre de 2020, nueve relatores especiales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en un escrito conjunto, alertaron acerca de la magnitud del problema de exclusión social y de vulneración de derechos básicos que experimentan sus habitantes, calificándolo de catástrofe humanitaria y de derrota de los derechos sociales.

Previo a ello, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, en su Declaración tras su visita oficial a España en 2020, alertó de la situación de extrema precariedad en la que viven las personas que residen en dicho asentamiento informal, poniendo de manifiesto el insuficiente desarrollo de los compromisos adquiridos en el marco del Pacto Regional por la Cañada Real Galiana, suscrito en mayo de 2017 por la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de la capital, el Ayuntamiento de Rivas, el Ayuntamiento de Coslada, los grupos políticos con representación en la Asamblea de Madrid, y la Administración General del Estado a través de la Delegación del Gobierno en Madrid.

El Pacto Regional por la Cañada Real Galiana contiene una serie de compromisos de actuación para cada uno de los seis sectores, incluyendo la necesidad de desmantelar el sector 6 (correspondiente al término municipal de Madrid) ante la ausencia de las mínimas condiciones de habitabilidad.

En el caso de los sectores dos, tres, cuatro y cinco, se comprometió el desarrollo de distintas ponencias técnicas con el fin de determinar las limitaciones territoriales, ambientales y urbanísticas existentes en el entorno de dichos sectores, situados en los términos municipales de Madrid y de Rivas Vaciamadrid.

Como resultado de las mismas se ha concluido que el sector 2, ubicado junto a los desarrollos del Cañaveral y Los Cerros (distrito de Vicálvaro) pueda ser una zona urbanizable, y que de la ordenación de este sector quedaría terreno edificable para ofrecer una solución habitacional para el conjunto de la población que reside en dicho sector y en el sector tres, restando, por tanto, el diseño de programas que resuelvan la situación del resto de los sectores.

COMPROMISO CON LAS NACIONES UNIDAS

Rodríguez ha recordado que el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha calificado la situación de la Cañada como un grave problema de exclusión social y vulneración de derechos básicos y con este gesto “el Gobierno se compromete a que este asunto se atienda de manera excepcional como nos ha demandando la ONU”.

En respuesta al llamamiento urgente de los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, se impulsó un grupo de trabajo interministerial que fue constituido el pasado 28 de septiembre.

Coordinado por la Delegación del Gobierno en Madrid, participan en el consejo el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y el Alto Comisionado para la lucha contra la Pobreza Infantil.

Tras admitir la portavoz del Gobierno que la cuantía destinada a solucionar el problema “quizá no sea sobresaliente”, ha considerado que “sí muestra el carácter de un gobierno solidario, que atiende las dificultades y que tiene un claro compromiso en la lucha contra la pobreza para abordar desigualdades”.

rcs/jcf