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Díaz Ayuso garantiza a Castilla y León todo su "apoyo" para mantener abierta Navacerrada tras el recurso de la Abogacía del Estado

Díaz Ayuso garantiza a Castilla y León todo su

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha garantizado este martes a Castilla y León que le otorgará todo su "apoyo" para mantener abiertas las pistas de Navacerrada tras interponer este lunes a Abogacía del Estado un recurso contencioso-administrativo contra la Junta por la "ocupación ilegal" de este entorno.

"Esperemos que impere el sentido común. No tiene cabida, lógica alguna que Navacerrada tras tantos años se cierre por motivos políticos con todo el perjuicio que ello conlleva", ha lanzado la líder madrileña tras el 40 Congreso de la Asociación de Víctimas del Terrorismo.

Entiende, además, que la apertura de las pistas es "muy importante" para las dos CCAA y para el deporte o los pueblos de la zona.

RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha señalado este lunes que la Abogacía del Estado ha autorizado la interposición de un recurso contencioso-administrativo contra la Junta de Castilla y León por la "ocupación ilegal" de los terrenos del Puerto de Navacerrada y ha acusado al Ejecutivo regional de Alfonso Fernández Mañueco de confundir "deliberadamente" el esquema de reparto de competencias.

Así se ha pronunciado el departamento liderado por Teresa Ribera después de que el presidente regional anunciara que la estación de esquí del Puerto de Navacerrada, que se sitúa entre la Comunidad de Madrid y Castilla y León, continuará prestando su actividad gracias a la decisión de la Junta.

En este sentido, ha explicado que el Ejecutivo central ha decidido que la Junta de Castilla y León "es la competente para declarar el cierre" por lo que ellos han considerado "que no hay ni razones políticas ni razones jurídicas para declarar" dicho cierre.

"Va a seguir prestando su actividad el concesionario de las pistas. No hay inconveniente alguno para que siga desarrollando esa actividad la concesionaria. Es perfectamente compatible el uso de la estación de esquí con los aprovechamientos, con los montes de utilidad pública, donde se ubican las pistas", ha señalado Mañueco.

Sin embargo, el Ministerio ha acusado al dirigente regional de realizar unas afirmaciones partiendo de "una premisa falsa" y confundiendo "deliberadamente el esquema de reparto de competencias".

Según ha recordado en un comunicado, la Junta "es la administración competente para resolver las concesiones de dominio público forestal y, por tanto, de tramitar el expediente ante una ocupación ilegal como la que se está dando en los terrenos del Puerto de Navacerrada, comprendidos en el Monte de Utilidad Pública 'Pinar de Valsaín'", tras caducar la concesión el pasado 3 de abril de 2021.

"Lo que en ningún caso compete a la Junta es decidir sobre la ocupación o la no ocupación de unos terrenos de titularidad pública propiedad del Organismo Autónomo Parques Nacionales (OAPN)", ha avisado el MITECO, al tiempo que ha acusado al Ejecutivo regional de "dejación de competencias" por la que el OAPN ya le envió en octubre un requerimiento "para que actuara y resolviera las solicitudes presentadas para declarar la extinción del título administrativo de la concesión de las instalaciones de esquí en dichos terrenos".

No obstante, desde Transición Ecológica han anunciado que este lunes la Abogacía del Estado, a instancias del OAPN, ha autorizado la interposición de un recurso contencioso-administrativo contra la Junta de Castilla y León al "haber rechazado expresamente" el Gobierno Regional el requerimiento de octubre.

En este contexto, el departamento de Teresa Ribera ha autorizado la solicitud de medidas cautelares "que impidan la realización de actividades de esquí y el uso de las instalaciones hasta la resolución del recurso" pues continuar con las actividades de esquí, a su juicio, supondría "irregularidad", y "más teniendo en cuenta que la entidad concesionaria está publicitando la apertura de las instalaciones para el próximo 1 de diciembre".

Por último, el OAPN ha subrayado que las declaraciones de Mañueco "para que la concesionaria siga desarrollando la actividad" vulnera "los derechos del propietario del monte reconocidos en la Ley de Montes de Castilla y León (Ley 3/2009 de 6 de abril), el procedimiento administrativo para el otorgamiento de concesiones" e invita "a la vulneración del Estado de derecho para favorecer el interés privado en lugar del interés general".