Las asociación Avarm recurre Madrid 360 alegando que "vulnera la ley"

La Asociación Vehículos Afectados por restricciones Medioambientales (Avarm) ha presentado este viernes un recurso contra la ordenanza de movilidad sostenible aprobada en septiembre por el Ayuntamiento de Madrid (conocida como Madrid 360), al considerar que “no cumple con las condiciones mínimas de legalidad y seguridad jurídicas necesarias”.

La Asociación ha presentado el recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) alegando, entre otras cuestiones, que el texto aprobado por el Consistorio “compromete principios esenciales” como los de jerarquía normativa, irretroactividad, la propia seguridad jurídica o la protección de la confianza legítima.

La Avarm justifica en un comunicado haber presentado este escrito porque la nueva ordenanza ha dejado “insatisfechos” a vecinos, comerciantes, asociaciones y conductores, que consideran que las nuevas limitaciones impuestas son “tanto o más radicales y restrictivas” que las previstas en la anterior ordenanza de Madrid Central.

También piden que se investigue la legalidad del texto que, según dicen, ha generado “incertidumbre” entre los ciudadanos sobre la previsibilidad de sus efectos, provocando esa “falta de seguridad jurídica”.

En concreto, consideran que la ordenanza de movilidad impulsada por el Gobierno de PP y Cs contiene algunas disposiciones que suponen una “restricción y vulneración de los derechos y libertades fundamentales” recogidas en el ordenamiento jurídico de la Unión Europea, la Constitución Española, el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid y los tratados internacionales suscritos por España.

Opinan que “vulnera la libertad y la igualdad de los españoles y el derecho a protección contra toda discriminación”, así como el derecho a circular por el territorio nacional y la “libertad de circulación” de personas, bienes y mercancías, y de trabajadores.

Igualmente, consideran que este texto viola los principios de legalidad y jerarquía normativa, y que implica la aplicación de una legislación con carácter retroactivo.

Por todo ello, creen que sus restricciones harán que “Madrid Central pase a Madrid Total”, y exponen que, al no poder circular en el futuro los vehículos con clasificación ambiental “A”, se estará “prohibiendo” el acceso a coches “que aún no habrán completado su vida útil”.

Igualmente, advierten que esta normativa contiene una memoria de impacto económico “insuficiente”, y ponen el acento en que Madrid Central fue anulada, entre otros motivos, porque carecer de esa memoria.

Por último, consideran que la nueva zona de bajas emisiones (ZBE) que se va a crear en el entorno de Plaza Elíptica, que se sumará a la de Centro, no cuenta con las medidas necesarias para “evitar el colapso del tráfico y de la movilidad”.