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Vox pide medidas cautelarísimas contra la ordenanza de movilidad

Vox pide medidas cautelarísimas contra la ordenanza de movilidad

Vox ha presentado este miércoles un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en el que pide medidas cautelarísimas contra la modificación de la ordenanza de movilidad llevada a cabo por el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida, por sus "mentiras, su injusticia social" y por su "ilegalidad" al ser aprobada gracias al grupo mixto.

El Gobierno de José Luis Martínez-Almeida aprobó en septiembre, con el apoyo de los cuatro ex concejales de Más Madrid que forman el nuevo grupo mixto de la corporación, la modificación de la ordenanza de movilidad sostenible en la que, entre otras cuestiones, se creó Distrito Centro tras la anulación por parte de la justicia de Madrid Central, la zona de bajas emisiones puesta en marcha por Manuela Carmena.

Vox votó entonces en contra de la norma que este miércoles la formación ha llevado al TSJM, organismo ante el que también ha recurrido hoy la ordenanza Más Madrid, en su caso por considerarla un retroceso en los avances medioambientales.

En el caso de Vox, según ha explicado Javier Ortega Smith junto a Mara Castro (vicesecretaria nacional jurídica) y Rocío Monasterio, las razones "políticas" que "obligan" a la formación a presentar este recurso son tres -porque está sustentada en el "engaño y la mentira" de Almeida, porque se aprobó "ilegalmente" y porque es "injusta" socialmente-, motivos que el portavoz municipal ha explicado.

"Esta ordenanza que el equipo de Gobierno ha pactado con los comunistas, que ha sacado adelante contraviniendo la ley porque tenemos ya recurrido en los tribunales la constitución de ese grupo mixto, el llamado comumixto, supone en definitiva una auténtica traición a los madrileños, que dijeron no al comunismo en Madrid", ha dicho Ortega Smith, que ha reprochado al PP decir en campaña "comunismo o libertad" y que el alcalde después haya "dejado claro que está con el comunismo".

A su entender, Almeida ha "mentido" porque dijo “por activa y por pasiva” en la oposición que “era la garantía de terminar con la imposición, con las multas, con las restricciones que suponía Madrid Central”.

“Y este trilero de la política le ha cambiado el nombre, lo ha ampliado”, y, más allá de “mentir a sus votantes”, también “mintió al partido político Vox, que es el que le ha facilitado estar en la Alcaldía mediante el acuerdo de investidura, que también ha inclumplido”, ha añadido el portavoz municipal de Vox.

Además, “esa mentira le lleva a la ilegalidad al conseguir las cosas de cualquier manera”, ha añadido Ortega, en referencia al grupo mixto que el Gobierno reconoció “prevaricando, de manera arbitraria, saltándose el propio reglamento orgánico del pleno, la ley de bases de régimen local”, ha agregado, entre otros puntos.

“A pesar de todo les ha dado a esos comunistas, que nadie ha votado, que no representan a nadie, un grupo municipal, asesores y más de un millón de euros de los madrileños para que aprueben la ordenanza municipal y suponemos que ahora, también dentro de poco, para aprobar los presupuestos”, ha apostillado.

Tras “el engaño y la mentira y la ilegalidad viene la injusticia social”, ha abundado Ortega Smith por las restricciones de Madrid Central que “pretende imponernos Carmeida”, juego de palabras entre los apellidos de la exregidora Manuela Carmena y el actual alcalde, a quien también ha recriminado dar subvenciones insuficientes para comprar coches sostenibles que "estos pijoprogres creen que puede comprar todo el mundo".

“En definitiva, por sus mentiras, por su ilegalidad, y por su injusticia social, vamos a pelear hasta la última de las posibilidades desde Vox para derogar el Madrid Central y esperamos que lo deroguen los tribunales y, si no, que lo deroguemos los madrileños en las urnas en mayo de 2023”, ha concluido.

Marta Castro, por su parte, ha dicho que el recurso está fundamentado "básicamente" en dos puntos. Por un lado, por la intervención de un grupo mixto "indebidamente creado" -consideran en Vox que los cuatro ediles tendrían que haber pasado a ser concejales no adscritos-, y porque en las memorias "que tiene que tener obligatoriamente la ordenanza hay unas deficiencias muy importantes".

Castro ha argumentado, sobre las medidas cautelarísimas, que se han pedido porque en "apenas un mes ya comienzas las restricciones y el derecho sancionador que dispone esta ordenanza", en alusión a la prohibición de circulación a partir del 1 de enero de 2022 a los vehículos sin distintivo ambiental de no residentes en Madrid por el interior de la M-30. 1011365