Proponen juzgar a Granados y a un exsenador del PP por una pieza de Púnica

Proponen juzgar a Granados y a un exsenador del PP por una pieza de Púnica

Madrid, 29 jul.- El juez que investiga el caso Púnica ha propuesto juzgar al exconsejero madrileño Francisco Granados y al exsenador del PP y exdiputado en la Asamblea de Madrid David Erguido, entre otros, por la presunta contratación irregular de empresas vinculadas a la trama para las fiestas patronales de municipios madrileños.

Siete años después de comenzar la investigación de Púnica, el actual titular del juzgado de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha dictado un auto de pase a procedimiento abreviado (equivalente al procesamiento) contra quince imputados, en el que deja fuera del caso a más de una treintena de personas, entre ellas, la mujer de Granados.

En el auto, adelantado por El País y al que ha tenido acceso Efe, además de a Granados, exalcalde de Valdemoro (Madrid), también se procesa a su sucesor, José Miguel Moreno; así como a otros exregidores de localidades como la de Ciempozuelos (María Ángeles Herrera); Algete (Inmaculada Juárez) o Móstoles (Esteban Parro), además de antiguos miembros de equipos municipales, entre otros.

El magistrado considera que los hechos podrían ser constitutivos de un delito de prevaricación continuada, y de otro de fraude en la contratación "en la medida que existió acuerdo previo para defraudar las arcas municipales en beneficio político de sus gestores, a través de las adjudicaciones de fiestas sobredimensionadas en unos casos con sobrecostes más allá del lógico beneficio industrial, en otros".

El juez considera que sin el apoyo y colaboración "desde atrás" de Granados, principal imputado en Púnica, el empresario José Luis Huerta, ya fallecido, "no habría tenido el acceso que tuvo a la contratación fiel con el Ayuntamiento de Valdemoro, lo que se tradujo, entre otras cosas, a abonar 'regalos'".

Huerta era el empresario que "ganaba" los contratos y mantenía las negociaciones con los alcaldes y sus jefes de Gabinete, si bien la causa no se dirige contra él al haber fallecido.

Una vez constituida la empresa Waiter Music, Huerta se dedicó a negociar con entes públicos para ser adjudicatario de las diferentes fiestas patronales.

Dada su experiencia "y especialmente el trato" que había mantenido en municipios como Valdemoro durante la etapa de Granados, logró la adjudicación de los festejos en dicha localidad (por 773.186,88 euros), en Móstoles (por 262.000,00 euros), San Martín de la Vega (135.349,96 euros), Torrejón de Velasco (por 100.172,96 euros), o en Moraleja de Enmedio (104.565,12 euros), entre otras.

También logró, continúa el auto, facturación de empresas constructoras (FCC, Acciona, Ferrovial Dragados, Sacyr y OHL, así como de Metro de Madrid).

Waiter Music contrató de forma ininterrumpida con los ayuntamientos hasta los años 2011 o 2013, dependiendo de la localidad, y siempre con consistorios gobernados por el PP, en muchos casos, gracias a que los expedientes administrativos "estaban predeterminados para que fuesen adjudicados" o a dicha empresa o a otras "controladas" directa o indirectamente por ella.

"Así, se podía contar con una empresa que, por una parte, realizaba los festejos de conformidad y, por otra y muy importante, proporcionaba unos servicios extras a requerimiento de los políticos, bien en extras decididos al momento de las fiestas, bien prestando servicios privados para actos del PP municipal, bien para alguno de sus miembros que no eran nunca facturados", indica el magistrado.

Según el auto, Huerta hacía dichos encargos para "seguir contando con el favor de los diferentes políticos municipales en la adjudicación de festejos", asumiendo el coste de algunos directamente y, en otros casos, presentando facturas por un importe mayor al propio del beneficio mercantil el coste de los actos".

El juez saca de la causa a la mujer de Granados al considerar que no hay indicios para afirmar que fuese conocedora de los "negocios o asuntos" de su marido; y también a la esposa de Huerta, quien cree que tuvo "un papel sin capacidad de decisión, en que se limitaba a hacer lo que su esposo y administrador de las sociedades le decía".

La causa también se ha archivado para otros imputados que tuvieron responsabilidades políticas o técnicos que trabajaban en los diferentes consistorios, quienes, en algunos casos, se "debían políticamente" al alcalde, pero cuya participación en los hechos "resulta insuficiente" para procesarles.