El Ayuntamiento de Madrid regulará las 'cocinas agrupadas' para limitar su implantación en zonas residenciales

El Ayuntamiento de Madrid regulará las 'cocinas agrupadas' para limitar su implantación en zonas residenciales

El Ayuntamiento de Madrid regulará "de forma coherente" las cocinas industriales, fantasmas o 'dark kitchens', que pasan a denominar como 'cocinas agrupadas', a través del avance de las modificaciones de la actualización de las normas urbanísticas para "potenciar su implantación en zonas industriales y evitando y limitando su implantación en residenciales".

También se les exigirá "otras necesidades" al haberse dado cuenta la Administración local del "impacto que generan en su entorno desde el punto de vista de la movilidad", ha indicado el delegado de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes, en la comisión del ramo.

Esto no es suficiente para la oposición de izquierdas. Más Madrid ha reclamado que dé luz verde a una moratoria porque "la solución que venden" desde el Gobierno, la modificación de las normas urbanísticas, "no tiene calendario" y cuando quiera estar aprobada "Madrid estará llena de cocinas industriales funcionando con una normativa obsoleta", la actual.

Ha sido el concejal socialista Pedro Barrero quien ha formulado la petición de comparecencia, en la que ha alertado de que el Ayuntamiento esté dando autorización a funcionar a estas cocinas industriales "con una mera declaración responsable, sin licencia".

Barrero también ha cuestionado la campaña de inspección llevada a cabo por el Ayuntamiento en 24 locales, donde se han encontrado deficiencias en una quincena de ellos, mientras que han dejado fuera a otras cocinas señaladas tanto por los grupos políticos, como por la Federación Regional de Vecinos de Madrid (FRAVM) como por los afectados.

"Para ustedes ayudar a los vecinos es de Matrix, de otra dimensión", ha afeado Barrero a Fuentes, después de insistir en que los negocios en los que se elaboran platos preparados y distribuyen alimentos necesitan licencia, no una mera declaración responsable.

El PSOE sostiene que la postura del Ejecutivo municipal "sólo beneficia a empresas alegales" que son "grandes productoras de residuos pero no se les obliga a cumplir con la ordenanza correspondiente, limitándose a pedir cuartos de residuos dentro de los edificios". Estos desperdicios generan efectos nocivos en la calle y en el servicio público de recogida de basuras.

El edil socialista ha apuntado que no hay ninguna normativa que prohíba su instalación junto a un centro educativo pero ha hecho hincapié en las funciones de la Agencia de Actividades, "que tiene que evitar afecciones al entorno y escuchar a los colindantes antes de resolver".

Para él, todos estos incumplimientos de la normativa tienen que ver con el afán del Gobierno de la ciudad de "flexibilizar", con el fin de "dar rienda suelta a la actividad económica aunque esto implique perjuicios para la ciudadanía".

El concejal socialista ha puntualizado que su grupo apuesta por la actividad económica pero "regulada, con una normativa adaptada y protegiendo los intereses de vecinos y vecinas, en especial de los más vulnerables".

"No falseen porque no pueden mantener que todo está bien donde funcionan estos negocios. Miran a otro lado y permiten que haya residuos nocivos en la calle. Y todo porque el trilerismo interpretativo es su fuerte", ha arremetido Pedro Barrero, que ha llamado a hacer un "ejercicio de prudencia".

El concejal de Más Madrid José Luis Nieto ha alertado de una "ciudadanía indefensa ante la falta de regulación", para añadir que en la campaña de inspección del Ayuntamiento no se revisaron ni la carga y descarga de estos negocios ni la generación de residuos, olores y ruido.

También ha criticado que Fuentes insista en que "son sólo diez cocinas fantasmas" y deje al margen otras "porque no se pueden autorizar" al estar "fuera del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) tramitándolas como uso terciario". Más Madrid ha lamentado que la campaña municipal de inspección quede al final como "un paripé".

El delegado de Desarrollo Urbano ha señalado a la pandemia como la impulsora del empuje de la actividad económica de elaboración de comidas y su reparto a domicilio, a la que se han sumado desde bares a restaurantes u obradores.

Desde el área se encargan de que "se respete la normativa al tiempo que se ejerce la actividad" y para garantizar la salud de la vecindad se llevó a cabo una campaña de inspección de estos establecimientos por parte de la Agencia de Actividades.

Fuentes, tras reiterar en que son diez las cocinas industriales en la ciudad, ha señalado que la campaña de inspección incluyó a los locales que hubieran demandado licencia para ese tipo de negocio, con independencia de su superficie.

También a los locales con denuncias del vecindario y/o de la Policía y cuya actividad de distribución de logística pudiera tener impacto en al ciudad asumiendo la concentración de repartidores o vehículos. Fueron catorce locales.

El tercer tipo se centró en aquellos locales "que sin ser considerados cocinas industriales fuera actividad de impacto logístico de distribución en la ciudad cuando la superficie superara los 100 metros cuadrados, con dos negocios inspeccionados.

El delegado ha aclarado a la crítica del PSOE que se requiere licencia para las actividades de uso industrial y declaración responsable para comercios con obradores vinculados, como panaderías, obradores o locales de comida preparada.

En cuanto a la posible instalación de una cocina industrial junto a un colegio en Arganzuela, Mariano Fuentes ha remarcado que "no está en funcionamiento" y, conocedores de "futuros problemas en el entorno", han iniciado "procesos de verificación, en coordinación con el área de Medio Ambiente".

También se ha dirigido a la oposición para afirmar que "es la norma la que marca lo que es una cocina industrial" y que "en todos los expedientes y visitas de inspección con deficiencias se contacta con los promotores iniciando los expedientes de disciplina urbanística".