Las 300.000 plazas públicas ofertadas deberán estar publicadas antes de 2022

Las 300.000 plazas públicas ofertadas deberán estar publicadas antes de 2022

Las administraciones deberán tener aprobadas y publicadas en sus boletines oficiales antes de que termine el año las 300.000 ofertas de empleo público relativas al proceso de estabilización puesto en marcha por el Gobierno.


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Así se desprende del Real Decreto-Ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, que ha publicado este miércoles el Boletín Oficial del Estado (BOE) y que entrará en vigor mañana.

Para evitar dilaciones en este proceso de estabilización, la norma obliga además a las administraciones a publicar sus respectivas convocatorias de empleo público antes del 31 de diciembre de 2022 y a tener finalizados los procesos de adjudicación antes de que termine 2024.

Una reforma de este calado ha de tener muy en cuenta a la Administración local, dice el texto, introduciendo medidas que faciliten el desarrollo de sus procesos de selección.

De esta forma, permite a los más pequeños encomendar la gestión material de la selección de su personal funcionario de carrera o laboral fijo a las diputaciones provinciales, cabildos, consejos insulares, entes supramunicipales u órganos equivalentes en las comunidades autónomas uniprovinciales.

Los municipios podrán también encomendar, en los mismos términos, la gestión material de la selección del personal interino y laboral temporal.

Aunque los cambios en la normativa no afectan a los procesos ya puestos en marcha, sí que obliga a las respectivas administraciones a tenerlos concluidos antes del 31 de diciembre de 2024.

El objetivo de esta reforma, añade el texto, es situar la tasa de temporalidad estructural por debajo del 8 % en el conjunto de las Administraciones Públicas españolas, actuando la reforma en tres dimensiones.

Por un lado, mediante la adopción de medidas inmediatas para remediar la elevada temporalidad existente; por otro, con la articulación de medidas eficaces para prevenir y sancionar el abuso y el fraude en la temporalidad a futuro, y, por último, potenciando la adopción de herramientas y una cultura de la planificación para una mejor gestión de los de recursos humanos.

 

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