El alcalde de Colmenar defiende la legalidad en la concesión de una licencia de primera ocupación de 16 viviendas

El alcalde de Colmenar defiende la legalidad en la concesión de una licencia de primera ocupación de 16 viviendas

El alcalde de Colmenar, Jorge García Díaz, ha defendido hoy en el juicio en el que se le juzga por un presunto delito de prevaricación la legalidad en la concesión hace diez años de una licencia de primera ocupación de dieciséis viviendas que cumplían con "la estricta" normativa urbanística.

García Díaz, dos de sus predecesores en el cargo, dos concejales y siete exediles, todos ellos del PP, se sientan desde hoy en el banquillo de los acusados por presuntamente prevaricar en dieciséis expedientes urbanísticos de licencias de primera ocupación.

Antes de entrar en la vista oral, el alcalde ha destacado que hoy es "un día muy especial" después de estar soportando siete años "un juicio paralelo" en el que se le han achacado a él y a sus compañeros palabras como "corrupción" o "prevaricación".

García Díaz ha explicado que hace diez años, como concejal de Cultura, concedió una licencia de primera ocupación a unas viviendas que cumplían con la normativa urbanística si bien ha indicado que faltaba solo el contrato definitivo de la compañía suministradora de luz.

"La licencia se dio a sabiendas de que el Ayuntamiento había sido condenado previamente por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en una sentencia que decía que se tenían que conceder licencias de primera ocupación con una proporcionalidad", ha detallado.

Seguidamente, ha recalcado que con la concesión de la referida licencia "no había ni beneficio ni para los propietarios ni para la administración". "De no concederla, las familias no habrían podido acceder a las viviendas", ha reseñado.

El proceso tiene su origen en una denuncia anónima que llegó a la Fiscalía. El fiscal, según el alcalde, reconoció que la concesión de licencia no es ningún delito pero "aquí está acusado".

"Existen precedentes que espero que se aclaren en el juicio. Lo que hice es algo que hoy volvería hacer porque había dieciséis familias que podían perder su casa al entrar la constructora en concurso de acreedores y había dos sentencias del TSJM que decían que se debían conceder licencias con una proporcionalidad", ha reiterado.

En la primera sesión han tenido lugar las cuestiones previas de los abogados defensores y de las acusaciones. El juicio se celebrará también los días 23, 25 de junio y 1 de julio.

Además del actual regidor, se juzga a los exalcaldes Miguel Ángel Santamaría y José María De Federico, así como dos concejales actuales del Gobierno municipal y siete exediles por la presunta comisión de un delito de prevaricación urbanística, según consta en el auto de procesamiento.

La Fiscalía solicita para los doce acusados penas de hasta 3,6 años de prisión e inhabilitación especial hasta 10 años para el ejercicio de cargo público y Empleo.

En su escrito, el fiscal solicita para el actual alcalde dos años de prisión y ocho años de inhabilitación especial para ejercer como cargo público.

Al exalcalde Miguel Ángel Santamaría se le piden 3,6 años de prisión, al igual que se pide para la concejal de Hacienda, Belén Colmenarejo. Esta misma pena se pide para otros seis exediles acusados.

El primer teniente de alcalde y concejal de Desarrollo Urbano, Carlos Blázquez Rodríguez, se enfrenta a dos años de prisión y a inhabilitación de ocho años, al igual que se pide para otros dos exdiles acusados.

Esta misma pena pide para otros dos exediles. También están procesados el exalcalde José María de Federico Corral y otros cuatro exediles del PP de Colmenar Viejo.

La investigación judicial se inició a raíz de dos querellas de la Fiscalía de Medio Ambiente en dos juzgados de Colmenar. Tras las pesquisas, la juez apuntó a un total de 16 infracciones llevadas a cabo desde el año 2006 en las que el Ejecutivo popular de Colmenar Viejo concedió licencias de primera ocupación, a pesar de la existencia de informes de técnicos municipales desfavorables.

Según la juez, "las diferentes Corporaciones que han conformado el Ayuntamiento de Colmenar Viejo, durante los últimos diez años y en concreto quienes han formado parte de las Juntas de Gobierno Local de sus gobiernos municipales, se pusieron de acuerdo para otorgar de forma reiterada licencias de obra y de primera ocupación a distintos promotores pese al incumplimiento de la normativa urbanística derivada del Plan General de Ordenación Urbana y los distintos Planes Parciales de los distintos sectores urbanísticos en que se divide el municipio deColmenar Viejo".

Y aseguraba que esta circunstancia "se ponía de manifiesto y por escrito en los informes de los técnicos del Departamento de Urbanismo y de los Técnicos Jurídicos del mismo, e incluso de los propios informes de la Secretaria General del Ayuntamiento".

La magistrada instructora dictaminó que estos "hechos denunciados pudieran ser constitutivos de un presunto delito continuado de prevaricación urbanística" del Código Penal.