La Comunidad renueva su convenio con Leroy Merlin para adaptar viviendas sociales de familias en riesgo de exclusión
El consejero de Vivienda y Administración Local en funciones, David Pérez, ha renovado este lunes el convenio de colaboración entre la Comunidad de Madrid y Leroy Merlin para realizar proyectos de acondicionamiento de viviendas de familias en situación de vulnerabilidad y exclusión social por la falta de recursos económicos.
Según ha explicado el Ejecutivo autonómico en un comunicado, esta iniciativa está especialmente destinada aquellas que tengan en su unidad familiar niños y mayores. El nuevo convenio ha sido rubricado por Pérez y los directores de Región Centro Norte y Región Centro Sur, Francisco Javier García Corpa y Harry Pierre Hospitalier de Leroy Merlin, respectivamente.
El área de Responsabilidad Social Corporativa de la multinacional francesa se hará cargo de los trabajos, dando prioridad a los hogares en los que residan niños y ancianos en situación de vulnerabilidad, en aquellas viviendas de la Agencia de Vivienda Social que tienen adjudicatarios, pero que necesitan reparaciones de mantenimiento y mejoras de adaptación.
Se trata fundamentalmente de actuaciones de obra menor como, por ejemplo, el cambio de una bañera por un plato de ducha para una persona con movilidad reducida. Las obras de mejora se realizarán con materiales donados por Leroy Merlin. Durante la vigencia del convenio, se creará una comisión de seguimiento que decidirá quién efectuará las obras en cada caso.
La Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid cuenta con un parque de más de 23.300 inmuebles situados en municipios de toda la región, e invierte más de 5 millones de euros en la ejecución de diversas obras de reforma y conservación, así como en la rehabilitación en viviendas y locales, garajes, edificios y solares.
Estas labores se llevan a cabo tanto en viviendas ocupadas por los inquilinos adjudicatarios, como en aquellas desocupadas en las que es necesario una reparación para una nueva adjudicación tras haber sido recuperadas o, en algunos casos, haber sido ocupadas ilegalmente.
También se ejecutan con cargo a este presupuesto aquellas obras requeridas en los edificios que deban pasar la obligatoria Inspección Técnica de Edificios (ITE), en la adecuación de garajes y locales que lo necesiten para su funcionamiento y para la comercialización de los solares.
Además, para aquellas reparaciones de emergencia, la Comunidad de Madrid mantiene un contrato con un presupuesto de más de 295.000 euros que busca asegurar el mantenimiento de la operatividad de todas las instalaciones comunes con celeridad, así como la sustitución o renovación de materiales, elementos, equipos o partes de la instalación cuya reparación no sea posible por razones de obsolescencia o por haber finalizado su vida útil estimada.
Por otra parte, desde la Comunidad han destacado que la Agencia de Vivienda Social cuenta con un parque de más de 23.300 inmuebles situados en municipios de toda la región, e invierte más de 5 millones de euros en la ejecución de diversas obras de reforma y conservación, así como en la rehabilitación en viviendas y locales, garajes, edificios y solares.
Estas labores se llevan a cabo tanto en viviendas ocupadas por los inquilinos adjudicatarios, como en aquellas desocupadas en las que es necesario una reparación para una nueva adjudicación tras haber sido recuperadas o, en algunos casos, haber sido ocupadas ilegalmente.
También se ejecutan con cargo a este presupuesto aquellas obras requeridas en los edificios que deban pasar la obligatoria Inspección Técnica de Edificios (ITE), en la adecuación de garajes y locales que lo necesiten para su funcionamiento y para la comercialización de los solares.
Además, para aquellas reparaciones de emergencia, la Comunidad de Madrid mantiene un contrato con un presupuesto de más de 295.000 euros que busca asegurar el mantenimiento de la operatividad de todas las instalaciones comunes con celeridad, así como la sustitución o renovación de materiales, elementos, equipos o partes de la instalación cuya reparación no sea posible por razones de obsolescencia o por haber finalizado su vida útil estimada.