El PP demanda a la directora de la Guardia Civil y el segundo de Marlaska por el cese de Pérez de los Cobos

El PP demanda a la directora de la Guardia Civil y el segundo de Marlaska por el cese de Pérez de los Cobos

El Partido Popular ha presentado una denuncia ante el Juzgado Decano de Madrid contra la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, y el 'número dos' del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, por un delito de prevaricación debido al cese del coronel Diego Pérez de los Cobos que fue anulado por un juez de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional.

En el escrito, adelantando por 'El Mundo', el PP sostiene que el fallo que anula el cese del coronel que mandaba en la Comandancia de Madrid --sobre el que el Ministerio del Interior anunció recurso-- se llevó a cabo "sin ningún género la motivación que sustentara este acto administrativo que resulta manifiestamente ilegal".


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El partido que lidera Pablo Casado se refiere al cese de Pérez de los Cobos en pleno estado de alarma decretado por el Covid-19, y que se recogió en la resolución de 24 de mayo de la directora de la Guardia Civil, y que firma el secretario de Estado, por pérdida de confianza y "por no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil en el marco operativo y de Policía Judicial con fines de conocimiento".

El polémico cese de Pérez de los Cobos se produjo en medio de la investigación --luego archivada-- ordenada por una juez de Madrid, que había pedido reserva sobre las diligencias policiales que afectaban a las órdenes que dio la Delegación del Gobierno en Madrid en el inicio de los contagios de coronavirus y, en concreto, en la autorización para que se celebrara en la capital la manifestación del 8-M por el Día de la Mujer.

El PP considera que el "cese fulminante viene a encubrir una sanción" por cumplir el coronel con lo que le había ordenado la juez de Madrid. "Sanción que en ningún caso se hubiera podido producir a consecuencia de un expediente disciplinario como hubiera sido preceptivo, y ello porque no se hubiera podido sostener un procedimiento disciplinario sobre el incumplimiento de un pretendido acto ilegal".

En su denuncia, el PP apunta al ministro del Interior por su responsabilidad en un posible delito de prevaricación que, según apunta, pudo haberse cometido por omisión. En este sentido, señala que debido a su aforamiento, la causa debería elevarse al tribunal competente "llegado el momento procesal en que se observaran posibles responsabilidades penales de su actuación".

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