¿Y tras la alarma, qué?

¿Y tras la alarma, qué?

Queda menos de un mes para que desaparezca legalmente el estado de alarma que ha permitido las restricciones a la movilidad y el recorte de derechos en este fatídico año pandémico.

Pedro Sánchez, que sufrió sudor y lágrimas para renovarlo en el Congreso durante los meses duros del confinamiento, tiró la toalla y delegó en los responsables autonómicos el control de las medidas de prevención. No resultó igual de eficaz y la disparidad de criterio nos ha hecho sufrir repetidas olas de contagios, siendo unas comunidades más afectadas que otras.


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Aún así, todas ellas contaban con el marco protector del instrumento jurídico del estado de alarma.

Por eso es pertinente preguntarse qué va a ocurrir a partir del nueve de mayo, sin una legislación específica que ampare las decisiones de las Consejerías de sanidad que quedan al albur de los Tribunales de justicia y su interpretación.

Si, además, no estuviéramos inmersos en una cuarta ola de la que nadie quiere hablar (incluso Fernando Simón está desaparecido desde hace muchos días) la decisión no sería tan polémica. Pero, por poner un ejemplo, desde el miércoles pasado la cifra de contagios crece mil personas más cada día. El miércoles fueron ocho mil y pico, que pasaron a nueve mil el jueves, y así sucesivamente.

Precisamente, el Consejo de Estado ha elaborado un informe en el que destaca la necesidad de reformar la Ley general sanitaria para tener instrumentos jurídicos que permitan controlar la movilidad en tiempo de pandemia. Porque, como ya dijo Pedro Sánchez desde la tribuna del Congreso, en uno de los plenos de renovación de la alarma, era la única posibilidad legal de recortar libertades para proteger la salud general.

El caos en la Administración de las vacunas, que se ha convertido incluso en un arma arrojadiza en la precampaña madrileña, no augura la protección necesaria frente a otra ola de contagios. Y la nefasta comunicación de las autoridades sanitarias europeas y del Ministerio español sobre los efectos secundarios de la fórmula de AstraZeneca no hacen sino aumentar la desconfianza de los ciudadanos. En Madrid, por ejemplo, dos de cada tres citados a vacunarse el jueves no acudieron. Y eso que la capital acumula el triste récord de que uno de cada cuatro fallecidos en España residía en la autonomía.

Tampoco parece que la aventura de comprar de forma unilateral la marca rusa Sputnik vaya a resolver los problemas de suministro. No cuenta todavía con la autorización de la agencia europea y, después del fiasco de AstraZeneca, los controles van a ser más rigurosos, sobre todo con los datos de los ensayos clínicos que Moscú guarda bajo siete llaves.

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