El PP critica la demora de diez días en declarar Madrid zona catastrófica
El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha criticado que el Gobierno de Pedro Sánchez haya tardado diez días en declarar Madrid como una zona catastrófica por los efectos de la borrasca Filomena, tras la aprobación de esta medida por parte del Consejo de Ministros.
El número dos de Pablo Casado cree que el Gobierno "debería hacérselo mirar" por esa demora y ha apuntado que el Ejecutivo ha "rectificado" y ha dado la razón al PP porque en un primer momento el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, descartó la medida.
"Se ha dudado si lo ocurrido en Madrid era de zona catastrófica. No sé dónde viven los ministros, pero si preguntamos a los que lo han sufrido, te dirán que claramente es una zona catastrófica", ha agregado.
El dirigente del PP ha hecho esta crítica al ser preguntado en rueda de prensa sobre la gestión del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ante los destrozos y el hielo acumulado por el temporal, que no ha respaldado al evitar pronunciarse al respecto.
Sí ha tenido palabras en cambio para destacar que el aeropuerto de Madrid-Barajas, "a pesar de tener todos los medios, todavía está tratando de recuperar la normalidad".
"Hemos sufrido una nevada muy importante, y el Gobierno de España no ha estado desde el primer momento con la gente que peor lo ha pasado", ha denunciado.
Además, ha iniciado su alocución en la sede nacional de Génova expresando su apoyo a los afectados por el temporal y su agradecimiento al personal que ha hecho frente a la emergencia y a la solidaridad de los ciudadanos que han colaborado para recuperar la normalidad.
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la declaración de zona catastrófica en ocho comunidades autónomas afectadas por el temporal Filomena, han indicado fuentes gubernamentales.
La declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de Protección Civil -actual denominación de la zona catastrófica- afecta a la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Andalucía, Asturias, Aragón, La Rioja y Navarra, según esas fuentes.
El Ejecutivo ha tomado esta medida tras una primera valoración de los daños, si bien se pueden ampliar los territorios afectados según avance el estudio de esos perjuicios.
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