El gasto sanitario por habitante de las autonomías subió 38 euros en 2017

El gasto sanitario por habitante de las autonomías subió 38 euros en 2017

El gasto sanitario autonómico ascendió en el ejercicio de 2017 a 63.540 millones de euros, según constata el Tribunal de Cuentas en su último informe anual sobre el sector público autonómico, cifra que arroja un gasto medio de 1.370 euros por habitante, 38 más que en el ejercicio anterior.


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El documento, que acaba de aprobar el máximo órgano fiscalizador del Estado, refleja que el 44,3% de los fondos dedicados a la sanidad por las comunidades autónomas correspondieron a Cataluña, Andalucía y la Comunidad de Madrid, autonomías que aglutinaron un porcentaje similar en el ejercicio anterior.

Además, las retribuciones del sector sanitario público llegaron a los 28.657 millones de euros, el 45,1% del gasto consolidado del sector y un 2,2% de subida respecto al año precedente.

En cuanto al gasto en farmacia, pasó de 10.342 millones en 2016 a 10.704 millones de euros en el ejercicio de 2017, con un aumento del 3,5%.

El gasto sanitario es uno de los aspectos analizados por el Tribunal de Cuentas en su informe del sector público autonómico, que en conjunto tuvo un resultado presupuestario negativo, si bien con una mejora del 41,84% respecto al año anterior.

Sin embargo, el saldo presupuestario fue positivo y su importe un 22,1% superior al precedente, en tanto que el inmovilizado de las administraciones autonómicas llegó a 114.006 millones de euros, si bien el tribunal advierte de que faltan inventarios de bienes e incluso falta concordancia entre datos contables y de inventario.

El endeudamiento pasó de 254.743 millones el 1 de enero a 266.781 al acabar del año, es decir, un 5% más.

Por otro lado, el documento reseña que todas las autonomías incumplieron en 2017 la regla de gasto, salvo cuatro (Canarias, Cantabria, Extremadura y Baleares), así como las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Y apunta que, en materia de contratación, se repite, como en ejercicios anteriores, una "insuficiente justificación de la necesidad de celebrar el contraro", así como "deficiencias en el establecimiento, definición y aplicación de los criterios objetivos de adjudicación", según recoge el órgano en un comunicado.

En la misma línea, aprecia una "ausencia de informes o estudios necesarios para garantizar que el precio del contrato fuera el adecuado al mercado" así como que, en algunas contrataciones de urgencia, no están debidamente acreditadas las circunstancias que las permiten.

El Tribunal de Cuentas ha analizado también las cuentas anuales de empresas, fundaciones y consorcios autonómicos, así como las de las universidades y así calcula en 70.003 millones de euros el activo total del sector empresarial, con unos resultados de explotación negativos en 2017, por importe de 2.405 millones.

En el ámbito de las universidades, se hace notar que las modificaciones reales sobre los créditos aprobados inicialmente subieron el 26%, lo cual "pone de manifiesto que las universidades deberían elaborar con rigor sus presupuestos" antes de cada ejercicio.

 

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