La Asamblea aprueba por unanimidad comenzar a tramitar la ley de protección del denunciante de corrupción

La Asamblea de Madrid ha acordado comenzar la tramitación de la Proposición de Ley de protección sobre los informantes de posibles infractores del derecho de la Comunidad, presentada por Ciudadanos, con el voto favorable de todos los grupos parlamentarios.

Así, la normativa establece "un marco de protección integral de todas las personas que informen sobre infracciones y que denuncien estos casos en el ámbito del sector público" de la región.

Con ella, se establece la creación de un canal de información o denuncia interna que permita a los trabajadores de la Comunidad, comunicar información sobre determinadas infracciones. A este se le atribuye la tutela de los derechos que asisten a estas personas, así como la detección, comprobación e investigación de las informaciones o denuncias efectuadas relacionadas.

Además, establece un régimen de infracciones y sanciones disciplinarias y administrativas en la materia, con el objetivo de garantizar su cumplimiento.

En su turno de intervención, el portavoz de Cs, César Zafra, ha remarcado que esta normativa va a permitir a los trabajadores públicos denunciar de forma segura ante pequeñas irregularidades que vean, después de que durante años "en la Comunidad se haya robado mucho".

"Hemos visto como el corruptor designado se repartía lo que podía, altillos, sobres, o presidentes de la Comunidad en la cárcel (...) Hemos pasado meses buscando una vacuna que volviese a darnos nuestra vida en esta situación pero nosotros somos los científicos para luchar contra la corrupción", ha lanzado.

El diputado de Unidas Podemos-IU ha señalado que la corrupción es el problema institucional a erradicar en el siglo XXI por el dinero que se pierde y por la "vergüenza democrática que supone tener corruptos y corruptores parásitando lo que es de todos". En este punto, ha mostrado su sorpresa porque Ciudadanos, "socio de Gobierno del partido de los grandes éxitos de corrupción en la Comunidad", presente esta iniciativa.

"Está claro que nuestra región debería tener una legislación propia para la protección del denunciante, sobre todo sabiendo cómo se las gasta el PP que tiene más de organización criminal que de partido democrático, como dice la UDEF. Lo extraño es que no la tengamos ya", ha indicado, aunque ha incidido en que la que se debate se queda "corta" y es "una chapuza".

Por su parte, el diputado de VOX Íñigo Henríquez de Luna ha indicado que la corrupción "no tiene color político" solo "el poder y la falta de escrúpulos de sus protagonistas".

Por ello, apoyan esta iniciativa por "convencimiento y coherencia" al entender que muchos denunciantes de corrupción sufren "amenazas y represalias" y cree que podrá salir adelante esta ley debido a que ahora no hay mayorías absolutas en la Cámara regional. "El bipartidismo tapaba estas malas prácticas", ha sostenido.

El parlamentario de Más Madrid Eduardo Gutiérrez ha indicado que dan apoyo a su tramitación porque apoyarán "todo lo que sea hablar de corrupción" pero ha sostenido que es "muy corta e insuficiente".

"Ustedes ponen al lobo al cuidado de los empleados públicos que pretendan o tengan intención de alertar sobre contenidos de posible corrupción e infracción", ha declarado. A su juicio, la presentación de la iniciativa es un "ejercicio de marketing urgente".

A continuación, la diputada del PP Yolanda Estrada ha afeado al portavoz de Ciudadanos que haya "decepcionado" a los madrileños, buscando "titulares" con sus afirmaciones sobre anteriores gobiernos de la Comunidad. No obstante, votan a favor de esta normativa por "convicción y compromiso con los madrileños".

"Vamos a defender más que nunca la libertad y todo aquel que conozca una infracción de nuestro derecho que no tenga miedo a decirlo y denunciarlo. Desde el PP no estamos a favor de ese miedo que algunos alientan", ha lanzado, arremetiendo contra los socialistas.

Por último, el parlamentario del PSOE Enrique Rico ha defendido que es imprescindible poner en marcha "herramientas que sean antídotos eficaces contra la corrupción", que ahonden en la "mejora de la calidad democrática".