Continúa la tramitación de la ley de la Comunidad para evitar que la Asamblea proponga nombrar jueces del TSJM

La Asamblea de Madrid ha rechazado devolver al Gobierno Regional el Proyecto de Ley con el que propone eliminar la potestad de la Cámara regional para proponer el nombramiento de una de cada tres plazas de juez en las Salas de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), con lo que continúa con su tramitación al quedar anuladas las enmiendas de PSOE y Más Madrid.

El consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, Enrique López, ha defendido hoy en la Asamblea esta normativa que supone reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Demarcación y Planta Judicial, el Ejecutivo regional pretende ampliar y asegurar la independencia del Poder Judicial, permitiendo que los magistrados de estas salas sean nombrados directamente por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Se trata, como ha defendido Enrique López en el debate parlamentario de las enmiendas a la totalidad de esta iniciativa, de un compromiso del Gobierno regional que profundiza en la despolitización, imparcialidad e independencia de la Justicia, y que ha superado "con nota" los hitos de un procedimiento "largo y exigente", siendo avalado en abril por la Sala de Gobierno del CGPJ.

A juicio de López, la propuesta "va en el sentido contrario al de los abusos legislativos que buscan sin disimulo resquebrajar las bases de nuestro sistema constitucional", como hace, "el Gobierno Central".

Frente a esas intenciones, el consejero ha defendido una reforma que quiere "fortificar la apariencia de independencia del Poder Judicial con respecto al Poder Legislativo, sustentando, en equilibrio, a los poderes del Estado".

"BUSCA MANTENER LA CALIDAD DE LA DEMOCRACIA"

"Una reforma que también busca mantener el vigor y la calidad de la democracia en España frente a la sociedad internacional en general y, especialmente, ante nuestros socios y aliados en la Unión Europea", ha remachado López.

Hasta ahora la elección se realiza, a partir de una terna, a propuesta de la Asamblea de Madrid. Con el cambio legislativo planteado, las restantes plazas también serían cubiertas por magistrados nombrados a propuesta del CGPJ entre los que lleven diez años en la categoría y en el orden jurisdiccional civil o penal y tengan especiales conocimientos de derecho civil, foral o especial, propio de la Comunidad, como ya se hace en la actualidad.

En el otro artículo que se modifica, se suprime la propuesta de nombramiento entre la terna promovida por la Asamblea de Madrid y, al igual que en el anterior punto, se sustituye por magistrados nombrados por juristas de reconocido prestigio, en la forma prevista en el artículo 330 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

La reforma propuesta, una vez culmine su aprobación en la Asamblea madrileña, se remitirá como proposición de ley a la mesa del Congreso de los Diputados.

En su turno de palabra, el diputado de Unidas Podemos-IU Tito Morano ha trasladado que con la propuesta que realizan el CGPJ puede designar "a quien le dé la gana" y no lo han cambiado porque lo que realmente quieren es "cambiar la discrecionalidad de un órgano político porque les gusta más su composición". "Nos dicen que la Asamblea renuncia a proponerlos, eso no es cierto; es una imposición", ha criticado.

A continuación, el parlamentario de VOX Pablo Gutiérrez de Cabiedes ha indicado que el poder político tiene que "sacar sus manos de la Justicia porque si no, no existe el estado de derecho" y ha afeado a Unidas Podemos que hable de "imposición" cuando se aprobaría en una Cámara regional.

Por su parte, el diputado de Más Madrid Hugo Martínez Abarca, uno de los grupos enmendantes, cree que lo "más prudente" es devolver esta normativa al Gobierno porque "hace falta una revisión global del poder judicial en España, que necesita ser más democrático e independiente". "Nos estamos jugando el futuro, no hay que bunkerizar los poderes sino democratizarlos. El aparato institucional lleva años resquebrajándose y lo mismo pasa con la justicia", ha sostenido.

Desde Cs, la diputada Emy Fernández-Luna ha reconocido que uno de los principios estructurales de la democracia es la separación de poderes y ha asegurado que "la mayoría de asociaciones de jueces vienen reclamando un cambio de modelo como este" porque el actual "no funciona y además daña la apariencia de imparcialidad que recomienda el Grupo de Estados contra la Corrupción".