El Manifiesto y la incompetencia

El Manifiesto y la incompetencia

Mientras seguimos pendientes de que unos jueces, que no saben de salud, y no los expertos, dictaminen cómo hay que gestionar esta segunda ola de la pandemia, 55 sociedades científicas, que representan a más de 170.000 profesionales sanitarios -los expertos de verdad- han hecho público en un diario de información nacional, un anuncio de pago, dirigido al presidente del Gobierno y a los de las 17 comunidades autónomas en el que denuncian que aunque ellos manden en la salud, tampoco saben y que deberían aceptar, de una vez, que las decisiones se tomen por criterios científicos desligados por completo del continuo enfrentamiento político.

Es decir, que, abandonen la lucha política partidista en lo que se refiere a nuestra salud. (Si lo hicieran con todo lo demás, mucho mejor).


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Cuando escribo este artículo, me llama la atención no solo lo que dicen los expertos -los de verdad- sino que hayan tenido que pagar para hacer llegar su mensaje a los ciudadanos y que las televisiones, a esta hora, no se hayan hecho ni siquiera eco de lo que dicen. Y que el presidente del Gobierno o los de las 17 comunidades autónomas no solo no se hayan puesto en contacto con estas sociedades científicas, sólidas, rigurosas y sin otros intereses que los científicos no ya ahora, sino desde el comienzo de la pandemia. No es que nuestros políticos no tengan preocupación por la ciencia, todos, sino que la ignoran incluso cuando su voz es indispensable. Ese "comité de expertos" gubernamental que nunca existió, es una prueba, pero no la única. Y lo mismo sucede con la estadística. Los datos que suministran el Ministerio y las autonomías no sólo tienen escasa credibilidad o criterios no homogéneos, sino que se suministran cuando al generador de los datos le interesa. Y eso, en plena sociedad del big data es un verdadero disparate porque si no se puede actuar contra la Covid sin criterios e indicadores científicos objetivos, tampoco es posible con datos faltos de rigor o manipulados.

Entre otras cosas, las 55 sociedades científicas piden -deberían exigir- "una respuesta coordinada, equitativa y basada exclusivamente en criterios científicos claros, comunes y transparentes", "un protocolo nacional sin interferencias políticas" que marque normas comunes de actuación, estrategias de rastreo y de gestión de los centros socio-sanitarios, "crear una reserva estratégica nacional de material destinado a la prevención y tratamiento de todos los afectados", y, en definitiva, frenar la discusión partidista y la burocracia que enlentece los procesos y actuar ya para cambiar "tanta inconsistencia política, profesional y humana". En resumen, lo que los gobernantes tenían que haber hecho hacer seis meses, contando con los que saben, y siguen sin hacer mientras se disparan unos a otros.

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