Díaz Ayuso se defiende de la oposición y asegura que Madrid no está en rebeldía

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido en la Asamblea su gestión de la pandemia frente a las críticas de la oposición y ha asegurado que no está en rebeldía y que cumplirá la orden del Gobierno que supone la aplicación de nuevas restricciones en Madrid, aunque la llevará a los Tribunales.

Este ha sido uno de los asuntos centrales del Pleno de la Asamblea, en el que Díaz Ayuso ha anunciado que acudirá a la Justicia para que las medidas "se ajusten a la normativa y a la realidad" y sean "objetivas y justas".

Y ha añadido que acatará "todas las órdenes" del Ejecutivo central porque no es "como sus socios independentistas".

El vicepresidente regional, Ignacio Aguado, (Ciudadanos) ha mostrado su discrepancia a través de un mensaje en Twitter">Twitter: "Ahora toca colaborar más y pelearnos menos en ruedas de prensa o tribunales para salvar vidas".

El Ministerio de Sanidad y una mayoría de comunidades autónomas acordaron en el Consejo Interterritorial de Salud de este miércoles nueve medidas para controlar la expansión de la Covid-19 que son de obligado cumplimiento, con las que se restringe las entradas y salidas en municipios de más de 100.000 habitantes con mayor incidencia de contagios y que afectarían sobre todo a las grandes localidades de la Comunidad de Madrid.

El acuerdo ha sido publicado este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE), aunque fuentes del Ejecutivo han indicado que la orden ya fue comunicada anoche a las comunidades -competentes de su ejecución- y entra en vigor a las 48 horas de esa notificación de sanidad a los gobiernos autonómicos.

El portavoz del PSOE en la Asamblea, Ángel Gabilondo, ha planteado la posibilidad de presentar una Moción de Censura contra la presidenta de la Comunidad de Madrid si el Gobierno Regional no cumple con la orden ministerial.

Díaz Ayuso ha asegurado que acatará las normas y cumplirá las leyes, pero acudirá al Estado de Derecho para reclamar "lo que es justo para Madrid".

Desde Más Madrid, su portavoz en la Asamblea, Pablo Gómez Perpinyà, ha cargado contra la presidenta regional por convertir a la Comunidad de Madrid en "el Chernóbil de Europa", debido a la "incompetencia" de su Gobierno en la gestión de la crisis de la Covid-19 en la región.

Ayuso le ha replicado que el accidente de Chernóbil demuestra "cómo un sistema corrupto en manos del comunismo llevó a la muerte y la destrucción".

En nombre de Unidas Podemos, su portavoz, Isa Serra, ha opinado que la presidenta madrileña "sólo busca el conflicto con el Gobierno estatal", y ha rechazado las medidas ya adoptadas por la Comunidad de Madrid consistentes, a su juicio, en unos "confinamientos segregadores, clasistas, irresponsables e injustos".

La presidenta madrileña ha respondido que los vecinos de las áreas sanitarias que ya están sometidos a confinamientos perimetrales "pueden estar meses" en esta situación a causa de las medidas aprobadas por el Gobierno de Pedro Sánchez, que "es el primero que les va a restringir la movilidad y encima sin criterios objetivos".

Por su parte, la portavoz de VOX, Rocío Monasterio, ha señalado que "la falta de gestión nos aboca no solo a una crisis sanitaria, sino a una crisis económica y social".

Ayuso ha aprovechado su intervención para rechazar un "confinamiento selectivo, arbitrario, sin consenso y sin criterio", como el que ha habido desde marzo hasta junio, porque, a su juicio, crea las "listas del paro y del hambre".

El Gobierno regional ha puesto en marcha "un plan justo y equitativo, donde la vida y la salud es lo primero, pero se conjuga con la economía", según la presidenta.

En la sesión de este jueves, el pleno de la Asamblea ha aprobado con los votos a favor del PP, Ciudadanos y Vox la reforma de la Ley del Suelo impulsada por el Ejecutivo de Díaz Ayuso, que sustituirá buena parte de las licencias urbanísticas por declaraciones responsables, con el fin de liberalizar el sector inmobiliario y reactivar el tejido productivo dañado por la pandemia de coronavirus.

Los partidos de la izquierda han anunciado su intención de interponer acciones legales contra la votación en la que se aprobado la reforma de la Ley del Suelo, al entender que se ha producido de forma "fraudulenta".