Casado se desmarca

Casado se desmarca

El líder del PP, Pablo Casado, se desmarca de las posibles malas prácticas de la dirección de su partido en tiempo pasado. Los supuestos son graves: violación de la intimidad, destrucción de pruebas judiciales, malversación de fondos públicos, uso de las instituciones en favor de intereses partidistas, etc.

No se siente concernido. Al revés, alega que, como líder nacional del partido, se negó a incluir en las listas al exministro Jorge Fernández y al ex secretario de Estado, Francisco Martínez, las dos figuras principales implicadas en el espionaje a Luis Bárcenas, que fue senador, gerente y tesorero del partido.


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Además de recordar que por aquel entonces (años 2012-2013), era un simple diputado por Ávila, apela a una de las instituciones más vilipendiadas en la política basura de nuestros días: la presunción de inocencia. Dice tomársela en serio y, por tanto, se instala en la prudente actitud de quienes se abstienen de hacer juicios paralelos o formular conclusiones apresuradas Al menos en el terreno legal, el propio de esa figura que presupone la inocencia de cualquier señalado por la comisión de un delito mientras no se demuestre lo contrario en sede judicial. En sede mediática o política la cosa cambia. Ahí la presunción de inocencia se evapora, se desvanece. No existe si se trata de la lucha por el poder.

Formalmente nadie rechazará el argumento de Casado, solo medio minuto antes de acogerse a los principios de ejemplaridad (mencionado por él mismo) y de transparencia, ante cuyo avance la presunción de inocencia da un paso atrás. Así son las cosas en el campo de la política y los medios de comunicación. Presunción de inocencia, sí. Pero presunción de culpabilidad como palanca de desgaste del adversario, también, a la luz de principios recurrentes como la libertad de expresión y el deber del dirigente político de dar explicaciones en el parlamento y en la calle, so pena de ser penalizado en las urnas.

Todo eso cuelga del llamado caso Kitchen: espionaje a Bárcenas, llevado a cabo por policías dependientes de Interior y con cargo a fondos reservados, a fin de desactivar la carga inculpatoria contra el PP contenida en archivos personales del extesorero. Uno de los señalados en el ilegal uso de esas actuaciones, el entonces secretario de Estado, Francisco Martinez, es el principal testigo de cargo, pues dice tener "las pruebas escritas de haber recibido instrucciones "muy claras y precisas" para llevar a cabo el operativo extrajudicial.

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