El Instituto de Medicina Legal tendrá una sala de bioseguridad para autopsias a víctimas de la Covid-19

La Comunidad de Madrid ha aprobado este miércoles una inversión de 609.000 euros para el equipamiento de una sala de bioseguridad BLS-3 para realizar autopsias a víctimas de la Covid-19 en el Instituto de Medicina Legal (IML), que el Ejecutivo regional gestiona en el barrio de Valdebebas, en la capital.

Los espacios deben garantizar la seguridad de médicos forenses, técnicos auxiliares de autopsia, técnicos de laboratorio y fotógrafos que intervienen en autopsias a fallecidos por coronavirus.

Este tipo de sala de bioseguridad debe ser independiente completamente del resto de instalaciones del Instituto de Medicina Legal para evitar la contaminación de estancias contiguas de esta infraestructura, ha explicado el vicepresidente regional, Ignacio Aguado, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno.

La instalación y equipamiento de la sala de bioseguridad tendrá un plazo de ejecución de tres meses.

Con esta decisión se completa la puesta en funcionamiento del Instituto de Medicina Legal que, a partir de otoño, permitirá avanzar en la investigación para combatir la Covid-19, a través de la realización de autopsias a fallecidos contagiados por este virus.

Asimismo, la cercanía del IML con el nuevo Hospital de Emergencias que la Comunidad de Madrid ya está construyendo en una parcela anexa, y que se llamará Isabel Zendal, va a permitir el desarrollo de sinergias que mejoren la capacidad de estudio en la lucha contra el coronavirus.

Por otra parte, el Consejo de Gobierno ha aprobado este miércoles un contrato por importe de 239.000 euros para el suministro de material de protección en las sedes judiciales de la Comunidad de Madrid.

Con estas compras, la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas quiere garantizar el acceso de medios de protección al personal al servicio de la Administración de Justicia y, en caso de necesidad, a los operadores jurídicos y ciudadanos que acuden a las sedes judiciales.

Su objetivo es prevenir y evitar posibles contagios del virus y asegurar la normalización de la actividad judicial.

En concreto, este contrato posibilitará la compra de 7.500 mascarillas KN95; 120.000 unidades de mascarillas quirúrgicas y 1.000 garrafas de cinco litros de gel hidro-alcohólico.

Además, el contrato permite la compra de 1.000 cajas de guantes de 100 unidades cada una, 800 cajas de 1.000 bolsas protectoras de micrófonos que se emplean en las salas de vistas, 65.000 mascarillas reutilizables de 25 usos y 400 dispensadores de gel.