Reyero anuncia cambios en el modelo de gestión indirecta de las residencias de mayores

El consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, Alberto Reyero, ha anunciado este jueves en la Asamblea el comienzo "posiblemente la próxima semana" de una ronda de contactos con la patronal de las residencias de mayores para consensuar un cambio de modelo en la gestión indirecta.

En los pliegos de las futuras adjudicaciones, la Consejería apuesta además por introducir nuevos requisitos para dar mayores garantías, tanto en la prestación del servicio como a la hora de adoptar medidas en caso de incumplimiento.

Se barajan varias opciones relacionadas con el precio, pero también con el establecimiento de periodos de concesión más largos o la determinación de un umbral de penalidades más bajo que permita la rescisión de contrato si fuera necesario.

Para garantizar el correcto funcionamiento en las residencias de mayores, la Consejería va a seguir ejerciendo una labor de control y vigilancia a través de las inspecciones que realizan los técnicos de la Dirección General de Atención al Mayor y a la Dependencia, imponiendo sanciones o penalidades económicas si detectan cualquier tipo de incumplimiento de las condiciones establecidas en los contratos, ha precisado Reyero.

Dentro de estas actuaciones, la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad ha dado luz verde al inicio del expediente de resolución de cuatro contratos que la Comunidad de Madrid tiene con cuatro residencias de gestión indirecta.

Reyero ha explicado que es la primera vez que se pone en marcha este procedimiento por parte del Gobierno Regional y el resultado podría suponer la rescisión de los contratos con dos de las empresas que gestionan los centros de Peñuelas, ensanche de Vallecas y de Usera en Madrid, así como la Residencia de Parque de Los Frailes en Leganés.

Las empresas, según ha constatado la Consejería habrían subcontratado a personal de enfermería para cubrir ausencias, una práctica que se prohíbe en los pliegos de condiciones, lo que sería motivo suficiente para rescindir los contratos que la empresa tiene en vigor para la gestión de estos centros.

"Estamos en una etapa inicial del proceso de resolución de los expedientes", ha precisado el consejero, quien ha hecho hincapié en que "la detección de esta irregularidad es fruto de la intensa labor de vigilancia realizada por la Consejería de Políticas Sociales", siempre con el objetivo de "garantizar la mejor atención a los mayores que residen en los centros que dependen de la Administración pública".

En los últimos cuatro meses de 2019 se han impuesto siete penalidades de carácter grave a empresas que gestionan residencias públicas por motivos como falta de higiene, descuido en la asistencia o escasez de personal.

"Nuestro deber como administración pública es asegurar que la atención que reciben las personas mayores, en muchos casos personas dependientes, es excelente" ha señalado Reyero.

El consejero de Políticas Sociales ha destacado la transparencia en todas y cada una de las actuaciones realizadas en esta materia "ya que el interés general de los madrileños y más especialmente de las personas más vulnerables como son los mayores, está por encima de todo".

Asimismo, Reyero ha manifestado que "es precisamente la transparencia en la publicación de sanciones y penalidades, garantía de éxito en la colaboración público-privada".