El rector de la URJC defiende ante el juez su actuación con el instituto de danza

El rector de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Javier Ramos, ha defendido su "buena actuación" en la ruptura del convenio con el Instituto Universitario de Danza Alicia Alonso, al declarar como investigado por presunta prevaricación, malversación, delito contra la propiedad intelectual y coacciones.

Fuentes de la URJC han señalado que la vista, celebrada en el Juzgado de Instrucción número 4 de Fuenlabrada, ha sido corta, de "unos 10 minutos", y que el rector "ha mantenido su versión de los hechos", quedando a la espera de la decisión que adopte el juez sobre la querella presentada por el Instituto Alicia Alonso, después de que no renovase el acuerdo de encomienda de gestión.

Desde que se conoció la interposición de la querella, el rector de la URJC ha mantenido que su único fin al no renovar el convenio con el Instituto ha sido siempre "buscar la mejor calidad de la formación" de los estudiantes y "controlar hasta el último euro del contribuyente".

"Hemos intentado un acuerdo hasta el último momento con el Instituto de Danza Alicia Alonso, para que nuestros alumnos tuvieran una formación de calidad y en eso estamos", añadió hace unas semanas Ramos, molesto por que la universidad "esté otra vez en la picota, por intereses particulares".

Los hechos se remontan al mes de julio pasado, cuando según la URJC el rector comunicó su voluntad de renegociar el convenio con el Instituto, que llevaba prolongándose desde hace 18 años, hasta que se alcanzara un nuevo contrato satisfactorio para ambas partes.

Sin embargo, al no alcanzarse un acuerdo, el rector anunció en octubre a los gestores del Instituto, a los profesores y a los alumnos, con el curso ya empezado, que a partir del 1 de noviembre "asumía totalmente" la gestión de los grados oficiales en Artes Visuales y Danza que hasta ahora impartía el Instituto.

En este momento, varios estudiantes del Instituto iniciaron varias movilizaciones y una huelga, ya que al asumir la URJC su formación y dejar de ser alumnos del Instituto Alicia Alonso veían "peligrar" el desarrollo normal del curso, además de sus evaluaciones, ya que se "anulaban las que ya habían obtenido".

Tras este anuncio, el Instituto Alicia Alonso, que además de titulaciones oficiales impartía títulos privados al margen de la universidad, decidió emprender acciones legales, por la vía contencioso administrativa y por la vía Penal, acusando al rector de presunta prevaricación, malversación y otros delitos.

La denuncia en el contencioso administrativo fue admitida a trámite, otorgando el juez la medida cautelarísima de suspensión de la ejecutividad de la resolución impugnada, "prorrogando de esta manera el acuerdo ya existente hasta que finalice el presente curso", según confirmaron a EFE fuentes de la URJC.

Tras estudiar la nueva situación, según añaden desde la universidad, el 8 de noviembre se interpuso un recurso de reposición contra el anterior auto que "está pendiente de resolución" y, a la vez, "se inició el procedimiento de cumplimiento del auto en lo referente a la dotación económica".

Por otro lado, la vía penal sigue su curso con la admisión a trámite de la querella penal en el Juzgado de Instrucción número 4 de Fuenlabrada, por la que el rector ha declarado este jueves en calidad de investigado.