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El Defensor del Pueblo pide una solución para los titulares de vivienda vendida a fondos

El Defensor del Pueblo pide una solución para los titulares de vivienda vendida a fondos

El Defensor del Pueblo ha recomendado a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento de Madrid la creación de un procedimiento "específico" para atender "de manera ágil y eficaz" las necesidades de vivienda de las personas afectadas por la venta de vivienda pública a empresas privadas.

En una nota de prensa remitida este viernes a los gobiernos regional y local de Madrid, el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, dice que esta institución ya señaló en 2013 "a las administraciones vendedoras" las posibles irregularidades en que podrían haber incurrido en la operación de venta.

El pasado día 12, el Tribunal Supremo (TS) anunció la inadmisión de un recurso de casación interpuesto por la Comunidad de Madrid contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que anuló en 2013 la resolución del Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima) -durante el Gobierno de Ignacio González (PP)- de vender 2.935 viviendas públicas al fondo de inversión Azora.

En su nota, el Defensor dice que mantiene abierta una actuación tras recibir numerosas quejas de ciudadanos que tuvieron que abandonar sus hogares tras la venta de su vivienda a fondos de inversión, "porque la empresa les comunicó la no renovación del contrato" o por no poder afrontar las nuevas condiciones impuestas.

A petición de información por parte del Defensor, ambas administraciones comunicaron que las personas, en su día arrendatarias, "podían solicitar nuevamente la adjudicación de una vivienda por el procedimiento establecido en los correspondientes reglamentos de adjudicación de viviendas públicas protegidas".

Estas personas, añade el Defensor, tienen que participar en dichos procedimientos "en igualdad con otros ciudadanos solicitantes y en base al principio constitucional de no discriminación".

Según el Defensor el Pueblo, muchas de las personas que optaron por solicitar la adjudicación de otra vivienda pública protegida "han visto que sus solicitudes quedaban en lista de espera, por lo que han tenido que hacer frente nuevamente a la demora y opacidad del procedimiento de adjudicación".

En su opinión, "estos ciudadanos no tienen obligación de solicitar nuevamente la adjudicación de una vivienda, pues ya cuentan con un derecho reconocido a disfrutar de una vivienda pública protegida y, por tanto, la adjudicación continúa siendo válida y eficaz si sus condiciones personales, sociales y económicas no han variado".

En sus escritos a la Agencia de Vivienda Social madrileña y a la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo, el Defensor ha insistido en que ambas administraciones "tienen el deber de proporcionar una vivienda en las mismas condiciones de la adjudicación inicial en cuanto a tamaño y renta".

Según el Defensor, este derecho no se encuentra ligado a una vivienda concreta, sino "a la necesidad de vivienda que tienen los interesados, y mientras ésta persista también lo hará su derecho".

La Institución considera que "la adjudicación continúa en vigor, con independencia de las actuaciones llevadas a cabo entre la empresa privada propietaria del inmueble y los adjudicatarios".

El Defensor reitera que la resolución reciente del Tribunal Supremo "está en línea con lo advertido por el Defensor del Pueblo en sus actuaciones y en sus Informes Anuales".