Sanidad y las comunidades se preparan para un "brexit duro"

El Ministerio de Sanidad y tres comunidades autónomas han acordado crear una comisión de seguimiento para afrontar la evolución de los efectos de un "brexit duro" y las implicaciones que pudieran tener en la asistencia sanitaria para los residentes de ambos países.

Esta comisión de seguimiento, formada por Madrid, Baleares y Valencia, según ha dicho la Ministra de Sanidad en funciones, María Luisa Carcedo, celebrará incluso plenarios 'virtuales' "por si hay novedades de interés" de las que informar al resto de comunidades sobre la atención sanitaria tanto a británicos residentes en España como a españoles desplazados al Reino Unido.

Ese es uno de los acuerdos, que han adoptado Carcedo, y los consejeros autonómicos del ramo, algunos de los cuales, como el de Andalucía, Jesús Aguirre, habían criticado antes de entrar en el pleno la "improvisación" por parte del Ejecutivo en este asunto.

Unas criticas, que la ministra ha contestado recordando que el PP fue el único grupo que votó en contra del Real Decreto-Ley de medidas de contingencia para minimizar los efectos de una posible salida sin acuerdo del Reino Unido de la Unión Europea o "brexit duro", aprobado el pasado 3 de abril en la Diputación Permanente.

Las medidas incluidas exigen la reciprocidad de medidas similares por parte de las autoridades británicas.

"Ya hemos visto cómo se van a hacer las cosas y para esos son los Consejos Interterritoriales", ha comentado Aguirre a la salida de la reunión.

Además, en este encuentro Carcedo y los consejeros han valorado el nuevo fármaco aprobado por la Agencia Española del Medicamento y que ha nacido de la investigación de los profesionales del Hospital Puerta de Hierro de Madrid, el llamado NC1 para pacientes con lesión medular, cuyo precio se fijará esta semana en la Comisión Permanente de Farmacia.

El consejero de Salud de Galicia, Jesús Vázquez, ha pedido expresamente que el Gobierno ayude a las comunidades a financiar este nuevo medicamento para que no sean solo ellas las que paguen a Madrid por el mismo.

No obstante, otros consejeros como la de Baleares, Patricia Gómez, ha considerado que si el Ministerio costea parte de este medicamento se sentaría un precedente.

La ministra ha sido contundente al respecto en rueda de prensa: "sería extraño que una parte de la cartera de servicios se financiará por la Administración General del Estado. Habría que realizar una excepción y no entraría en la lógica competencial. Es una propuesta que no encaja en nuestro ordenamiento de distribución competencial".

En el encuentro varias comunidades han pedido que se revise los criterios para acreditar los centros de referencia que apliquen las nuevas terapias avanzadas CART, una petición que la ministra no ha rechazado ya que ha comentado que los criterios son revisables en todo momento.

Y buena parte de ellas, las del PP, también han insistido en revisar el sistema de financiación autonómico.

El consejero de sanidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha valorado la inclusión en la cartera de servicios del tratamiento para dejar de fumar, si bien ha pedido saber cómo se va a financiar porque "es muy fácil hacer esos brindis al sol" que luego no tienen repercusión sobre la financiación.

La ministra ha destacado el Plan Nacional del Alzheimer y otras demencias, que ha sido consensuado con las comunidades, y que aborda por primera vez la enfermedad, no sólo desde el punto de vista social, también sanitario.

Se trata de sensibilizar sobre el impacto que tiene esta patología, no sólo en el paciente, sino también en el entorno.

Las agresiones a los profesiones ha sido otro de los asuntos del que se ha informado en este pleno, que ha durado cerca de ocho horas, y que según Carcedo ascendieron en 2018 a un total 9.741 -el 75 % a mujeres- en las cerca de 500 millones de consultas sanitarias.

Por otra parte, y preguntada en la rueda de prensa sobre los criterios para indicar la llamada Profilaxis Preexposición -PrEP-, un fármaco que previene el contagio por VIH y que se ha aprobado su financiación pública, Carcedo ha dicho que serán los médicos quienes decidan a qué pacientes prescribir.

Los consejeros han acordado una declaración institucional para evitar la discriminación en el acceso de las personas con VIH a centros residenciales.