El exembajador de Guatemala en EE.UU. declara por el caso Villarejo

El exembajador de Guatemala en Estados Unidos Jorge Ligorría está citado este martes a declarar en la Audiencia Nacional por su participación en el proyecto Pit, un trabajo que encargó el naviero Ángel Pérez-Maura al excomisario José Villarejo para que frenara su extradición a Guatemala.

La citación de Ligorría como investigado se produce después de que este lunes haya declarado el abogado David Macías, que trabajó en el despacho Stuart & Mckenzie, de Rafael Redondo, socio de Villarejo que también debía declarar pero que se ha negado a hacerlo alegando que acaba de cambiar de abogado. Redondo ha sido citado de nuevo para el próximo lunes 17.

Macías asistió a una reunión con Ligorría, Redondo, Villarejo y el hijo de éste el 4 de mayo de 2016, una semana después de que Pérez-Maura se presentara en la Audiencia Nacional al conocer que tenía una orden de detención contra él cursada por Guatemala para pedir su extradición por corrupción.

En esa reunión, cuya transcripción figura en el sumario de Pit puesto que el audio le fue incautado a Villarejo, hablan de la estrategia para conseguir que no extraditen al naviero español y Ligorría afirma que había que hacer algo "importante a nivel de medios de comunicación para sacar de la foto al 'amigo' (Pérez-Maura) y poner a otros actores que son los verdaderos responsables".

En su declaración de ayer lunes, según fuentes presentes en ella, Macías dijo que participó en la reunión porque le invitaron por casualidad, pero que no intervino en ella.

También reconoció que hizo un resumen de los tomos de la causa contra Pérez-Maura en Guatemala y que la documentación se la dio Redondo, para quien trabajaba.

Explicó que por encargo de Redondo realizó también trabajos para la asociación Transparencia y Justicia, que se personó como acusación popular en varios casos mediáticos y detrás de la cual estaba Villarejo.

Sobre este proyecto Pit tendrá que responder este miércoles Villarejo, en prisión desde noviembre de 2017, y el juez de este caso ha emplazado asimismo el día 18 al inspector de la Policía Nacional jubilado Antonio Bonilla, otro presunto colaborador del excomisario en sus negocios.

Estas citaciones se producen después de que el pasado día 8 fueran detenidos por Pit el propio Pérez-Maura y su hermano Álvaro, así como el empresario Adrián de la Joya; el CEO de la naviera catalana Grup Maritim TCB, Francisco Soucheiron, y el abogado Enrique Maestre.

Todos ellos quedaron en libertad bajo distintas fianzas de entre 200.000 y 750.000 euros, que abonaron días después.

A Pérez-Maura se le investiga por el pago de 10 millones de euros a Villarejo para evitar su extradición a Guatemala y también por sobornar en 2016 al Gobierno guatemalteco con 30 millones de dólares para que favoreciera a su naviera Grup Maritim TCB.

Esta última comisión se pagó supuestamente entre los años 2012 y 2015 al expresidente y a la exvicepresidenta de Guatemala, Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, entre otros.

Según la Fiscalía Anticorrupción, con ese soborno a los ex dirigentes guatemaltecos pretendían que la mercantil Grup Maritim TCB, a través de su filial en Guatemala Terminal de Contenedores Quetzal S.A, obtuviera de forma ilícita del Gobierno guatemalteco la construcción y Explotación de una terminal privada de contenedores en Puerto Quetzal.

Estos hechos llevaron a las autoridades guatemaltecas a reclamar la entrega de Pérez Maura en abril de 2016, que finalmente fue denegada por la Audiencia Nacional.

En la pieza se investiga también la contratación por 10 millones de euros del entramado empresarial del excomisario Villarejo por parte de la mercantil A Pérez y Cia S.L., relacionada con el naviero, para tratar de impedir la extradición.

Con esa contratación el empresario quería, según la Fiscalía, obtener su impunidad en los procedimientos penales que pudieran incoarse contra él tanto en Guatemala como en España.

Guatemala pidió la entrega de Pérez-Maura por los delitos de asociación ilícita, fraude y cohecho, pero la Audiencia Nacional, cuando denegó su entrega por ser de nacionalidad española, afirmó que en España solo se le puede investigar por este último delito y abrió la puerta para poderle enjuiciar en territorio español.