La Fiscalía pide confirmar los dos años de cárcel a Granados por el soplo de la Púnica

El fiscal ha pedido que el Tribunal Supremo confirme la sentencia que condenó a dos años de prisión al exconsejero madrileño y exdirigente regional del PP Francisco Granados por aprovecharse del soplo que le dio en 2014 un Guardia Civil de que era investigado en el caso de corrupción Púnica.

El Tribunal Supremo ha celebrado la vista de los recursos presentados por Francisco Granados y los guardias civiles José Manuel Rodríguez Talamino y José Luis Caro Vinagre contra la sentencia de la Audiencia Nacional que condenó a dos años de cárcel a los dos primeros y a un año y medio al tercero por dicho chivatazo que provocó la ocultación de dinero y la destrucción de pruebas.

Según la sentencia Granados se sirvió de un soplo de Talamino, que formaba parte de la Unidad Central Operativa (UCO), que le alertó de la instalación de una Cámara frente al edificio donde el presunto "conseguidor" de la trama Púnica, David Marjaliza, dirigía sus negocios en Pinto (Madrid).

Durante la vista el fiscal se ha opuesto a los recursos de las defensas y ha estimado que la intervención del teléfono de Granados fue correcta y que de las escuchas se desprende que Talamino transmitió información a Granados y a Caro que sabía como miembro de la UCO.

Ha añadido que dichas conversaciones reflejan también que Granados le dijo a Marjaliza que destruyera documentación y además llevó al domicilio de sus suegros cerca de un millón de euros, que fueron encontrados en un armario dentro de un maletín en billetes de 500, 200 y 100, según concretó la Audiencia.

Las acusaciones ejercidas por el PSOE y la Asociación de abogados Demócratas por Europa se han adherido al informe de la Fiscalía.

Por su parte las defensas han alegado que el Supremo debe anular la sentencia de la Audiencia y absolver a los condenados al estimar nulas las intervenciones telefónicas ya que fueron autorizadas para los delitos de corrupción que se investigan en el Caso Púnica y no fueron sometidas al control jurisdiccional debido para acusar por una revelación de secretos.

Además han considerado que si hubo algún beneficiado de la filtración fue Marjaliza, que no ha sido juzgado en esta causa.

En concreto, Javier Vasallo, abogado de Granados, ha asegurado que Marjaliza en todo caso destruyó documentación de sus empresas pero no de su representado.

Las defensas han asegurado que no podía haber revelación de secretos ya que antes del supuesto soplo Granados y Marjaliza ya sabían que estaban siendo investigados por informaciones periodísticas que habían sido publicadas.

Granados -investigado en el caso Púnica por el que estuvo en prisión provisional dos años y medio- y Caro -que fue asesor de seguridad de la Comunidad de Madrid cuando el anterior era consejero de Presidencia e Interior- fueron condenados por un delito agravado de aprovechamiento de secreto revelado por funcionario público y Rodríguez Talamino por uno de violación de secreto agravado.

La Audiencia Nacional consideró probado que Talamino alertó el 5 de septiembre de 2014 a Granados durante las fiestas de Valdemoro de que la UCO estaba actuando en Pinto y que vigilaba la sede de la empresa donde se encontraba el despacho de Marjaliza.

Además, que Caro, a petición del exconsejero, le trasladó nueva información y le explicó que la Guardia Civil estaba indagando sobre delitos de corrupción.

La sentencia explica que a raíz de la filtración los investigados cambiaron sus conductas al saberse seguidos, dejaron de utilizar los teléfonos y cuando lo hacían hablaban poco, y se hizo imposible la recuperación de parte del dinero que procedía de las adjudicaciones de obras y servicios y de la retribución a autoridades locales y autonómicas.