La ordenanza del PSOE de Madrid contra la prostitución rechazada por todos los grupos

La ordenanza del PSOE de Madrid contra la prostitución rechazada por todos los grupos

La ordenanza que el PSOE presentó para perseguir la prostitución en la capital con sanciones a los usuarios ha sido rechazada por Ahora Madrid -con quien había negociado enmiendas transaccionales-, el PP y Ciudadanos, que han acusado a los socialistas que querer asumir competencias impropias.


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Los tres grupos políticos distintos al PSOE han coincidido en reprochar a la portavoz socialista, Purificación Causapié, sus prisas por sacar adelante esta ordenanza que hoy se debatía en comisión y la falta de diálogo tanto con los grupos de la oposición como con las asociaciones que trabajan con mujeres prostitutas.

La de hoy ha sido la primera vez en tramitarse una ordenanza propuesta por un grupo de la oposición, pero no ha prosperado porque Ahora Madrid, que había pactado con el PSOE enmiendas para 'descafeinarla', al final ha evitado con su abstención en la comisión mixta de Equidad y Seguridad que el texto pasase el trámite previo a su exposición pública.

La propuesta socialista, basada en postulados abolicionistas de la prostitución, planteaba la defensa y el apoyo a las víctimas, las sanciones a consumidores y proxenetas, la retirada de publicidad que incitaba a la prostitución y el desarrollo de campañas de prevención y sensibilización.

El PSOE-M pretendía sancionar la demanda de prostitución en las calles, con penalizaciones económicas que oscilaban entre los 500 y los 3.000 euros, y exigía reforzar la inspección de establecimientos y locales con indicios de prostitución.

La imposición de sanciones -que según Purificación Causapié ha reducido la prostitución en países como Alemania- ha sido uno de los principales reproches a los socialistas puesto que Ahora Madrid y Cs han rechazado el "enfoque sancionador" y el PP ha recordado que esa competencia no es municipal sino del Gobierno Central.

"Siento tenerlo que decir pero esta ordenanza es un auténtico despropósito", ha dicho la edil del PP, Beatriz Elorriaga, cuyo partido comparte "la esencia" de la lucha contra la explotación sexual pero no el contenido de una ordenanza "mal hecha", que invade las competencias de la Junta de Gobierno y además no se adapta a la norma estatal.

"Quiero manifestar mi disconformidad. Lo han planteado muy tarde, en un momento en el que ya está terminando un mandato y parece que hay que ir a todo meter a organizar una ordenanza que se va a tener que llamar 'la ordenanza Causapié'", se ha quejado la concejal del PP, que ha instado a los socialistas a buscar un "consenso".

Begoña Villacís, portavoz de Ciudadanos, ha dicho que la ordenanza buscaba "la paz y el orden" y "meter los problemas debajo de la alfombra" y ha reprochado a Causapié su "hipocresía".

"Ustedes no han querido escuchar a nadie y se han quedado solos defendiendo el feminismo absoluto, no van a bajase nunca del pedestal y a mezclarse con personas que piensan distinto a ustedes", ha afeado Villacís, que ha calificado el texto de "chapuza", pero, ha dicho, más grave que el "zasca técnico" es que el PSOE haya ido por libre.

"La hipocresía es defender a los proxenetas", le ha respondido Causapié a Villacís. Y, visiblemente molesta por la falta de apoyos, ha pedido "un poco de respeto" además de denunciar el pacto de Ahora Madrid "con la derecha" cuando se trata de hablar de los derechos de las mujeres.

"Yo no quiero pasar a la historia, lo que quiero es que este Ayuntamiento acabe con la esclavitud de las mujeres en esta ciudad y que cuando un ciudadano pase por cualquier calle, polígono y parque se encuentre con mujeres libres", ha respondido Purificación Causapié a la edil popular.

En representación del Gobierno de Manuela Carmena, Celia Mayer ha defendido las 43 enmiendas interpuestas por su grupo -cinco de ellas transaccionales- basadas en informes de la Asesoría Jurídica de los que se desprendía que la ordenanza del grupo socialista no concuerda con las competencias municipales.

Celia Mayer ha recordado que el Gobierno municipal puso en julio un plan operativo contra la trata con una vigencia de tres años y ha recordado que es una "actividad criminal" cuya competencia recae en la Policía Nacional.

"Tenemos que trabajar desde un punto de vista de derechos", ha dicho la delegada de Políticas de Género y Diversidad, que tramita otra ordenanza contra toda la violencia sexual.

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