Admitida la querella de Rivas para que se investiguen los crímenes del franquismo
El Juzgado número 35 de Madrid ha admitido a trámite la querella por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura franquista, que fue impulsada por el Ayuntamiento de Rivas y cuatro residentes de esa localidad que aportaron sus testimonios.
En concreto, la querella incluye dos casos de desapariciones forzadas con delitos de asesinato, un delito de torturas graves y un delito de detención ilegal por haber sufrido prisión una persona, por una multa gubernativa.
El auto, al que ha tenido acceso EFE, acuerda incoar diligencias previas por posibles delitos de detención ilegal, asesinato, lesiones y torturas; y ordena la remisión de esa medida al Ministerio Fiscal.
Con todo, la causa judicial se suma a la demanda del Consistorio de Elgeta (Gipúzkoa) y a la recientemente admitida en Valencia contra la Brigada Política y Social; aunque es la primera de estas características que se presenta en la Comunidad de Madrid.
La denuncia se presentó el pasado mes de diciembre, después de que en enero de 2016 el Consistorio aprobara en el Pleno Municipal una moción del PSOE que llamaba a presentarla para "acabar con la impunidad de los crímenes de la dictadura franquista".
El auto de la jueza señala que los hechos referenciados en la querella, "delitos de lesa humanidad en concurso real con delitos de detención ilegal, asesinato, lesiones y tortura", presentan características que "hacen presumir la posible existencia de una infracción Penal".
El documento señala que es "procedente" acordar la incoación de diligencias previas e investigar "la naturaleza y circunstancias del hecho, así como las personas que en él hayan participado".
Los hechos hacen referencia a unos testimonios que fueron recogidos por la oficina municipal de atención a las víctimas de la dictadura.
Uno de los casos es el del abuelo de Carmen García, un militar de la República que fue detenido y llevado ante un pelotón de ejecución el 24 de febrero de 1940.
El Ministerio del Interior certificó que Leandro -el abuelo de Carmen- fue fusilado ese día y enterrado en el cementerio del Este, pero eso jamás se comunicó a la familia, que nunca supo qué pasó, ni dónde estaban sus restos.
Hace un año apareció un certificado de defunción donde constaba que murió de cirrosis en un hospital en Fuencarral.
Otro caso es el de Gonzalo García Beltrán, detenido en 1939 y condenado a muerte, aunque después le conmutaron la pena a treinta años de prisión, pocos meses después fue fusilado.
La familia denuncia que no tiene ningún dato más, aunque creen que está enterrado en un cementerio en Carabanchel.
Con todo, desconocen los motivos de la detención y condena de su bisabuelo, que perteneció al Partido Sindicalista durante la República, sin ser militante activo.
El único querellante vivo ha precisado que fue detenido por la Guardia Civil en diciembre de 1973 durante una huelga, junto a dos personas, pasó un día el cuartel, luego fue trasladado a la Dirección General de Seguridad y finalmente estuvo un mes en la cárcel de Carabanchel, acusado de repartir el oro de Moscú en Madrid y con una multa gubernativa de 100.000 pesetas.