Sabanés asegura que la cesión de Bicimad fue legal y garantizó la continuidad del servicio

Sabanés asegura que la cesión de Bicimad fue legal y garantizó la continuidad del servicio

La delegada de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Inés Sabanés, ha insistido hoy en que cedió el contrato de Bicimad a la EMT porque era la única forma de garantizar la continuidad del servicio y ha defendido que se hizo de una forma "legal", "legítima" y "equilibrada".

Sabanés se ha pronunciado en estos términos en su comparecencia en la comisión de investigación sobre la asunción del servicio de alquiler de bicicletas Bicimad por parte de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), una operación por la que el PP se ha querellado contra ella y el gerente de la EMT, Álvaro Fernández de Heredia.

"Ha sido una decisión amparada por la legalidad. Era la única solución que permitía no solo mantener el servicio sino tener expectativas de ampliación", ha afirmado en numerosas ocasiones la delegada de Medio Ambiente en la comisión, interrogada por Cs, PSOE, Ahora Madrid y el PP.

La delegada se ha escudado en el cumplimiento de la legalidad y en la necesidad de resolver el "caos" y el "desastre" en el servicio público de alquiler de bicicletas para defender su actuación, de tal forma que ha negado todas las sospechas sobre irregularidades en la cesión del servicio a la EMT por parte de la anterior concesionaria, Bonopark, a cambio 10,5 millones de euros.

Y ha añadido que hay tres informes que avalan la actuación municipal frente al cuestionamiento de la oposición del PP, Cs y también el PSOE, que sospechan que se tomó primero la decisión de adquirir Bicimad y después se encargaron informes ad hoc.

El anuncio a la prensa del contrato de cesión se hizo el 26 de septiembre de 2016, antes de que el consejo de administración de la EMT tuviese información de la operación.

"Si entráramos a valorar los anuncios y ruedas de prensa que a lo largo de los años se han hecho independientemente de los acuerdos no acabaríamos nunca", ha comentado Inés Sabanés, que ha afirmado en todo caso que si los informes posteriores a la operación hubiesen sido desfavorables ella no habría avalado la cesión.

Sabanés ha indicado que para resolver el problema de Bonopark -que alegaba pérdidas de 300.000 euros mensuales y amenazaba con suspender el servicio de alquiler de bicicletas- se pusieron sobre la mesa tres opciones: rescindir el contrato, rescatar a la empresa y por último realizar la cesión del servicio a la EMT.

"Nosotros buscamos una solución que permitiera no parar el servicio. Podríamos haber rescindido de forma radical el servicio y que dejara de funcionar", ha indicado Inés Sabanés, quien optó por una solución que permitiera garantizar el servicio, según ha dicho, y ahora aspira a ampliar la red de bicicletas públicas a otros distritos.

Ante las quejas del concejal del PP Álvaro González por su falta de respuesta, la delegada Inés Sabanés ha respondido: "Yo he venido a esta comisión pudiendo no haber venido porque ustedes han decidido trabajar en la vía penal".

Y ha asegurado que les iba a dar todas las explicaciones que, en esencia, han consistido en defender la legalidad de la operación.