El presidente de Atresmedia y Planeta declara como testigo en el caso Canal

El presidente de Atresmedia y Planeta declara como testigo en el caso Canal

El presidente del grupo Atresmedia y de Planeta, José Crehueras, ha declarado ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco como testigo en la causa que instruye sobre la supuesta corrupción en el Canal de Isabel II.


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Crehueras es uno de los cinco testigos citados por el juez, junto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes; su jefa de Gabinete, Marisa González; el portavoz de su Gobierno y presidente del Canal de Isabel II, Ángel Garrido; y el director General del Canal, Rafael Prieto.

Cifuentes y Garrido declararán ante el juez durante el día de hoy desde su despacho, mientras que Crehueras, González y Prieto han acudido en persona al tribunal.

El juez ha citado a estos testigos en la misma jornada en que dirige la llamada Operación Lezo, en la que ha sido detenido Ignacio González, antecesor de Cifuentes en Madrid y presidente del Canal entre 2003 y 2012.

Dentro de esta operación, el juez ha ordenado doce detenciones por delitos de prevaricación, organización criminal, malversación, cohecho, blanqueo, fraude, falsificación documental y corrupción en los negocios.

Esta causa, declarada secreta, se centra en personas vinculadas al anterior Gobierno Regional madrileño por operaciones "para desviar dinero de los fondos públicos en beneficio propio".

Entre los arrestados hoy figura también Edmundo Rodríguez Sobrino, considerado hombre fuerte de González en Latinoamérica, y María Fernanda Richmond, exdirectora financiera del Canal, mientras que la mujer del expresidente madrileño, Lourdes Cavero, está siendo investigada.

Efectivos de la UCO están registrando la sede de Canal de Isabel II, la de Mercasa, la empresa pública de la que es directivo el hermano de Ignacio González, o la casa de subastas Segre que preside Lourdes Cavero.

La operación de hoy tiene su origen en una investigación de la Fiscalía Anticorrupción abierta en octubre de 2015, que se judicializó en junio de 2016, cuando la Comunidad de Madrid puso en conocimiento del Ministerio público algunas irregularidades.