El Consejo de Gobierno aprueba el proyecto de la nueva Ley del Suelo

El Consejo de Gobierno aprueba el proyecto de la nueva Ley del Suelo

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado el proyecto de la nueva Ley del Suelo de la Región, que ahora remitirá a la Asamblea de Madrid para su tramitación parlamentaria.


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En la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Ejecutivo regional, la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, ha explicado que la anterior ley, de 2001, ha quedado "totalmente desfasada", a pesar de que ha sido modificada en quince ocasiones, ya que éstas "han sido insuficientes para adecuar ley a las nuevas necesidades" y "han generado numerosas contradicciones e inseguridad jurídica".

La futura ley, según Cifuentes, se adaptará a la normativa nacional y europea, y responderá a las necesidades de desarrollo de los 179 municipios de la región.

Además, se introducirá en la ley posibilidad de que municipios de menos de 5.000 habitantes y hasta seis millones de euros de presupuesto puedan elaborar un plan de ordenación urbana simplificado, si las actuaciones se centran en cascos urbanos y no incluyen nuevos desarrollos.

En cuanto al suelo, según un comunicado del Gobierno autonómico, se mantendrán las clases de suelo urbano, urbanizable y no urbanizable, pero con modificaciones, como que "el suelo que hasta ahora se consideraba urbanizable no sectorizado pasa a ser suelo no urbanizable común".

"En este suelo no urbanizable común, no se podrá construir en ningún caso, salvo que se cambie su clasificación", agrega la comunicado.

La nueva ley también tiene como objetivo reforzar la capacidad de actuación de las administraciones frente a posibles infracciones urbanísticas, por lo que se amplía el plazo de prescripción hasta los ocho años.

El régimen sancionador, por su parte, se endurece y se incluye la posibilidad de que la Administración decomise cualquier beneficio que se obtenga por la comisión de una infracción.

Asimismo, se introduce la posibilidad de que a la administración no le suponga ningún coste las actuaciones que tenga que llevar a cabo para restaurar la legalidad urbanística, por lo que se repercutirá ese coste al infractor.

Tras su aprobación en la Asamblea de Madrid, la ley fija un plazo de cuatro años para que los municipios de la región se puede adapten a las nuevas disposiciones.

Transcurrido ese plazo, no se ha actualizado el plan general de un municipio, éste seguirá vigente, pero no se podrán realizar modificaciones puntuales.

"Es el resultado un trabajo muy exhaustivo durante último año y medio. En todo el proceso, han participado medio centenar participantes de la sociedad civil, la Federación Madrileña de Municipios, el Colegio de Arquitectos, el Colegio de Ingenieros de Caminos, asociaciones de vecinos y Ecologistas en Acción", ha agregado Cifuentes.

 

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