Carmena propondrá alternativas al internamiento de extranjeros en el CIE de Aluche

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha anunciado que el Ayuntamiento propondrá "alternativas al internamiento" en el CIE de Aluche de extranjeros sin papeles, que no han cometido delito alguno, y vigilará las condiciones dentro del CIE, sobre todo sanitarias, mientras permanezca abierto.

Para ello, su Gobierno ha creado una Mesa de Trabajo del CIE de Aluche que evaluará las intervenciones "antes, durante y después del internamiento" para que no se vulneren derechos humanos, ha dicho en rueda de prensa junto al tercer teniente de alcalde Mauricio Valiente y el delegado de Seguridad y Emergencias, Javier Barbero.

Carmena ha apoyado a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, en su denuncia del CIE de Zona Franca, y ha detallado que "no consta que haya irregularidades" relacionadas con licencias en el CIE de Madrid.

Los CIE son "instituciones fracasadas", donde se encierran a los indocumentados durante dos meses sin lograr expulsarlos, solo un 17% es expulsado en ese plazo, lo que supone "una privación de libertad totalmente ineficaz", y además el internamiento es "una decisión facultativa" del juez, al que hay que ofrecer alternativas.

"La realidad del CIE nos preocupa y nos ocupa", han señalado Valiente y Barbero, que piden tratar a los internos como "ciudadanos y vecinos de Madrid", y han explicado que en la Mesa de trabajo participan el Colegio de Abogados de Madrid, Defensoría del Pueblo, la universidad Autónoma (UAM) y organizaciones como Entreculturas o Rights International Spain (RIS), entre otros.

Según Valiente, la iniciativa se enmarca en el Plan de Derechos Humanos municipal y surgió tras el contacto de los servicios sociales con los internos que luego salen a la calle en condiciones más duras que antes y con la espada de Damócles de una posible expulsión a cualquier momento.

Con ello se pretende "ofrecer alternativas que eviten el sinsentido del internamiento de personas que finalmente van a volver a los servicios sociales", ha añadido Carmena, ya que 82% de los subsaharianos salen a la calle con orden de expulsión y dificultades sociales muy importantes.

Para Barbero, los Ayuntamientos "tienen competencias en derechos humanos, como dijo Ada Colau", así como en cumplimiento de ordenanzas municipales, y la Mesa de trabajo valorará una triple perspectiva: el preinternamiento, la falta de documentación de cara a la toma de decisiones, y las condiciones dentro del CIE, sobre todo en atención sanitaria.

En el CIE de Aluche "no hay enfermería 24 horas", la atención especializada se hace mediante ingreso en urgencias pero sin un seguimiento continuado, y la carencia de intérpretes dificulta la información de salud, ha dicho en base a un informe externo, a lo que se suma "el problema muy serio de evaluación de la salud mental e intervención".

Según Barbero, además de la campaña de salud "Madrid se cuida" dirigida a indocumentados, el Plan Director de la Policía busca evitar identificaciones indiscriminadas y detenciones por perfil, con un enfoque "muy claro", basado en derechos humanos, "son vecinas y vecinos de Madrid".

Carmena, al ser preguntada si el Ayuntamiento va a judicializar las denuncias, ha dicho que el objetivo es "vigilar las condiciones" en las que están los internos ante denuncias por "incumplimiento objetivo" de derechos humanos, lo cual "no obsta" para que los internos, a través de servicios sociales, Colegio de abogados y ONGs puedan llevar a cabo "las acciones individuales que corresponda".

La Mesa de trabajo "no ha contactado todavía con el Ministerio de Interior", lo hará cuando hayan preparado "un documento borrador" con las alternativas, como los informes sociales y la documentación previa que permita a los jueces no optar por el internamiento.

La concejal del distrito de Carabanchel, Esther Gómez, ha insistido en los problemas de convivencia que supone el CIE para el distrito, y ha apostado por el "reconocimiento de la diversidad, la no estigmatización y el diseño de políticas que permitan dar el salto a la integración".

Carmena seguirá de cerca el desarrollo de la mesa de trabajo, que lanzará antes de fin de año una propuesta con medidas que pueda aplicar el consistorio, dentro de su objetivo de "velar por toda la ciudadanía", y que ofrezcan soluciones duraderas.

El objetivo es evitar el "sinsentido" de que el internamiento se conciba "como un castigo" para la mayoría de personas, que solo han cometido una falta administrativa, y como "una dificultad más" que impide su inclusión.