Los taxistas madrileños alertan de la impunidad de Uber

La Federación Profesional del Taxi de Madrid (FPTM) ha pedido al Gobierno Regional que emprenda "acciones contundentes" contra la plataforma tecnológica Uber ya que, según ha señalado, en el primer mes de su implantación en la región "sólo se han producido seis denuncias".

Los taxistas madrileños han solicitado a la Administración que "realmente controle y persiga a estos conductores ilegales" ya que, según han dicho, no quieren "verse obligados a ejercer de "policías" para defender sus puestos de trabajo".

Asimismo, han exigido que la Comunidad de Madrid haga "efectivas" las denuncias contra los conductores de Uber que anunció ya que, según han comentado, en el primer mes desde la implantación de la compañía estadounidense en Madrid, "sólo se han producido seis", de las cuales dos han sido efectuadas por policías municipales.

"Nos preocupa mucho esta pasividad de la Administración", ha declarado el presidente de la Federación Profesional del Taxi de Madrid, Julio Sanz, que ha alertado de que la polémica aplicación para compartir coche tiene "cada vez más intensidad".

En este sentido, la Federación de taxistas ha recordado que Valencia ha sido la última ciudad en implantar el dispositivo Uber el pasado 29 de octubre, tras los casos de Madrid, donde llegó el pasado 23 de septiembre, y Barcelona, unos meses antes.

la compañía está presente en más de 220 ciudades de 45 países, 120 de ellas fuera de Estados Unidos.

Los taxistas madrileños han advertido en el comunicado de que Uber es una empresa "de alcance internacional, no un servicio de transporte compartido, como falsamente quieren hacer creer a la población".

"Estamos hablando de una compañía con una flota de conductores, que de manera ilegal prestan un servicio por el que se lucran tanto ellos, como la compañía, que cobra el 20% del importe del viaje por trayecto", ha apuntado el presidente de la FPTM.

Además, el responsable de la Federación ha criticado que mientras a Uber "ni siquiera se le ha comunicado que se ha abierto expediente contra ellos", a las radioemisoras de taxis "legalmente establecidas" les han dado 15 días "para presentar una documentación que a esta poderosa empresa no se atreven a pedir".

El pasado 6 de octubre, la Comunidad de Madrid inició un expediente administrativo sancionador contra Urber después de que la empresa no presentara la licencia administrativa para iniciar su actividad el día 3, cuando finalizaba el plazo para ello.

Las sanciones económicas, que pueden aplicarse tanto a la empresa como a los particulares que presten servicio con sus coches sin la correspondiente autorización, van de los 4.000 a 6.000 euros y llegar hasta los 18.000 en caso de reiteración, y en principio no está previsto sancionar a los usuarios.

El consejero de Transportes, Pablo Cavero, señaló el pasado 16 de octubre que el Gobierno regional había tramitado ya en lo que va de año 140 denuncias relacionadas con vehículos piratas tras controles en carretera a 1.220 vehículos, de las que 65 fueron por falta de autorización.