Inspectores de trabajo ayudarán a investigar el fraude en los cursos de formación

La Comunidad de Madrid va a incorporar esta semana inspectores de trabajo a la campaña que desarrolla la Consejería de empleo, Turismo y cultura para investigar los posibles fraudes en los cursos de formación continua subvencionados con dinero público.

Según han informado fuentes de la Comunidad, la colaboración de la Inspección de Trabajo ayudará a agilizar la investigación que la Consejería está realizando de las plataformas que emplean asociaciones empresariales y sindicales para hacer cursos de teleformación.

Esta investigación se inició a raíz de que la Consejería detectara irregularidades en los cursos de 25 asociaciones empresariales que recibieron subvenciones de 2011 para formación de trabajadores y que los subcontrataron con Sinergia Empresarial.

Las asociaciones no pudieron justificar haber realizado los cursos y la Comunidad de Madrid revocó las subvenciones, con lo que tendrán que devolver el dinero recibido.

De la cantidad presuntamente defraudada a la Comunidad por esas asociaciones, un total de 2,6 millones de euros corresponden a presuntas irregularidades vinculadas a actividades de la empresa Sinergia Empresarial Avanzada SL, propiedad de Jose Luis Aneri, que está en prisión desde la semana pasada por estos hechos.

La investigación del Gobierno Regional ha detectado indicios de irregularidad en otras plataformas de teleformación y gracias a la colaboración de la Inspección de Trabajo, se podrá agilizar el proceso para confirmar si existe o no fraude en ellas.

La consejera de Empleo, Turismo y Cultura, Ana Isabel Mariño, anunció el pasado jueves que se van a abrir expedientes sancionadores a las entidades que hayan hecho un mal uso de las subvenciones para formación continua y a quienes dificulten los controles que su departamento está llevando a cabo.

El objetivo de esos controles es comprobar qué cursos se han realizado y cuáles no con los fondos estatales que el Ejecutivo regional ha dado a asociaciones empresariales y sindicatos en las últimas convocatorias.

Según la Consejería, esta medida se sumará a la que se viene aplicando a quien no justifica el correcto uso de la subvención: la revocación de las ayudas, lo que obliga a devolver el dinero a la Administración.

Mariño anunció además que se va a incoar expedientes para sancionar a las entidades receptoras de las ayudas que hayan hecho un mal uso de ellas, en virtud de lo dispuesto en la Ley 38/2003 General de Subvenciones, que también contempla sanciones para las entidades que se resistan a las actuaciones de control del uso de las ayudas.

Estas conductas están tipificadas como infracciones muy graves sancionadas con multas que pueden llegar al triple de la cantidad no justificada, así como con la prohibición de recibir subvenciones públicas en 5 años, según han informado desde la Comunidad.