Elena González Moñux defiende una justicia ágil y eficiente como clave para impulsar la economía

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La Comunidad de Madrid es consciente de que, con la situación actual, la Economía y la justicia, dos mundos aparentemente distantes, mantienen un relación recíproca. Y es que una justicia ágil y eficaz contribuye a impulsar el crecimiento de la economía, la prosperidad y la creación de Empleo. Así lo afirmó la viceconsejera de Justicia, Elena González Moñux, durante el curso de verano 'Justicia y Economía' de la Universidad Rey Juan Carlos.

"Es cada día más reconocido que el funcionamiento de la Administración de Justicia es uno de los factores determinantes a la hora de orientar a los grande inversores internacionales acerca de las ventajas o riesgos de invertir en un determinado país" afirmó Moñux que participó en la Mesa Redonda "Diversas perspectivas de la participación de las Comunidades Autónomas en los costes de la Justicia" con el consejero de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia de Galicia y la consejera de Justicia de Cataluña.

Con la situación actual, se trata de contar con un servicio jurídico resolutivo, que permita garantizara derechos de propiedad y el cumplimiento de los contratos y que, a su vez, resuelva de manera rápida y segura los conflictos relacionados con la crisis como tramitaciones de despidos o concursos de acreedores.

Mejoras en la justicia madrileña

La Comunidad de Madrid es una región atractiva para los inversiones, cuenta con una menor deuda pública, tiene el menor déficit medio desde que comenzó la crisis, lleva cuatro años tomando medidas contra la crisis, que han consolidado su solvencia frente a España y al resto del mundo.

"Ahora la consejería de Justicia trabaja para que ésta situación se complete con un sistema judicial ágil que permita crear un marco de estabilidad que genere confianza, favorezca la integración y la cohesión social" concluyó Moñux.

Por esa razón, la Comunidad de Madrid, que tiene la tasa de litigiosidad más alta de España, con 230,82 asuntos cada 1.000 habitantes, elaboró un informe sobre el Estado de la Administración de Justicia en la región en la que participaron los máximos representantes de la justicia a nivel regional.

En este documento se recogen más de 80 medidas encaminadas a la mejora de la justicia madrileña y que pasan por la Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en particular en lo que hace referencia al régimen de recursos, el apoyo a las tasas judiciales, la apuesta por el Arbitraje y otros modelos de resolución extrajudicial, como la conciliación preliminar o el arbitraje anexo, para agilizar los sistemas judiciales.

También se plantea la adecuación del número de jueces y magistrados, fiscales y secretarios judiciales en función de la carga de trabajo, mejor gestión de los recursos humanos de los juzgados, eliminación de órganos o entes duplicados y la concentración de sedes judiciales en un mismo espacio que conceda facilidades tanto a ciudadanos como profesionales de la justicia.