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La Comunidad acordará un nuevo proyecto de ley de delitos de odio con la oposición

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El consejo de Gobierno ha aprobado retirar el proyecto de ley sobre la igualdad de trato y la protección contra las acciones de incitación al odio, la discriminación y la intolerancia, para poder consensuar un texto con el PSOE-M, que había presentado a la vez un borrador muy similar.

El consejero de Presidencia y Justicia, Ángel Garrido, ha explicado que el Gobierno ha tomado esta decisión con el fin de poder elaborar un proyecto de ley de la mano del PSOE-M y también con Ciudadanos y Podemos.

Los socialistas, ha seguido diciendo, también van a retirar su proyecto para poder consensuar uno en común, ya que no tiene sentido tramitar de forma paralela dos leyes tan similares.

"Con este acuerdo, el Gobierno Regional quiere dar muestra de su voluntad de llegar a acuerdos con los grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid para aprobar iniciativas legislativas que favorezcan el bienestar de los madrileños", ha dicho.

Por su parte, el portavoz del PSOE-M en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha confirmado que su grupo ha presentado hoy en el registro del Parlamento regional un escrito para retirar su proposición de ley de igualdad de trato, no discriminación y de protección integral ante las conductas relativas a los delitos de odio en la Comunidad.

La idea, según ha defendido, es lograr un acuerdo entre todos los grupos parlamentarios en este asunto.

Garrido ha comentado que la ley de delitos de odio busca "garantizar los derechos humanos y las libertades fundamentales", consolidando legislativamente el derecho a la igualdad de trato y el respeto de la dignidad de la persona frente a comportamientos discriminatorios.

"El objetivo de la nueva norma será el mismo que recogía el proyecto de ley aprobado el pasado mes de diciembre: luchar contra cualquier forma de discriminación, acto de intolerancia y acción que incite al odio, sin distinción alguna por razón de nacimiento; origen racial, social o étnico; sexo; religión; convicción u opinión política o de cualquier otra naturaleza; cultural; idioma; edad; discapacidad; orientación o identidad sexual; enfermedad; condición de migrante, refugiado o desplazado; característica genética; situación económica; o cualquier otra condición o circunstancia personal o social", sostiene el Gobierno.

 

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