La Audiencia Provincial comienza el juicio del caso Guateque una década después - MADRID ACTUAL

La Audiencia Provincial comienza el juicio del caso Guateque una década después

La Audiencia Provincial comienza el juicio del caso Guateque una década después
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La Audiencia Provincial comienza el juicio del caso Guateque contra 34 empresarios y funcionarios del Ayuntamiento de Madrid, acusados de participar en una trama de corrupción en la concesión de licencias municipales a locales de ocio, durante el mandato de Alberto Ruiz-Gallardón.

El Ministerio Público pide entre 31 años y seis meses de prisión para los procesados por delitos de cohecho, prevaricación ambiental, negociación prohibida a funcionarios, tráfico de influencias, infidelidad en la custodia de documentos, falsedad en documento oficial, contra patrimonio histórico y prevaricación urbanística.

Junto a los empresarios, figuran 19 funcionarios de rango medio del consistorio, destinados en Juntas de Distrito, en la Gerencia de Urbanismo o en el Área de Medio Ambiente. No hay ningún político encausado en la considerada como la mayor red de corrupción municipal de Madrid.

La trama se destapó en 2007 pero su instrucción se ha ralentizado debido al volumen de la investigación y al número de implicados, aunque también por la acción del primer instructor Santiago Torres, quien fue multado con 1.000 euros por la Comisión Disciplinaria del CGPJ por "retraso injustificado" en la tramitación de esa causa.

Ello explica que el juicio se celebre una década después. Se han señalado 60 sesiones y está previsto que se prolongue hasta mayo.

Hasta siete tramas de "tráfico de sobornos y favores" se urdieron en el entorno del Ayuntamiento que, según el Ministerio Público, buscaban la agilización de expedientes urbanísticos, con la ayuda de funcionarios que "utilizaban sus cargos técnicos como medio para lucrarse".

Los empleados municipales presuntamente percibían, a través de empresas dedicadas a obras y tramitación de licencias, sobornos de los promotores que oscilaban entre los 150.000 y los 1.000 euros a cambio de otorgar un tratamiento "favorable" a los expedientes.

Su labor consistía en agilizar los expedientes adelantando su turno sobre otros y asumir un control menos riguroso para obtener un informe favorable al proyecto solicitado, de forma que pudieran lucrarse "desviándose del interés público que debían defender".

Es más, la Fiscalía denuncia que "en ocasiones" algunas empresas llegaron a conseguir informes técnicos "abiertamente arbitrarios y contrarios a la legalidad urbanística y ambiental".

 

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