La Justicia obliga a Carmena a reincorporar a la interventora cesada en 2016 - MADRID ACTUAL


La Justicia obliga a Carmena a reincorporar a la interventora cesada en 2016

La Justicia obliga a Carmena a reincorporar a la interventora cesada en 2016
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El Ayuntamiento de Madrid deberá reincorporar a Beatriz Vigo Martín en el cargo de interventora general, según un fallo judicial que anula por estimar "no ajustado a derecho" el acuerdo por el que fue cesada en junio de 2016.

En una sentencia a la que ha tenido acceso Efe, fechada el pasado día 29, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 17 de Madrid anula el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno del 23 de junio de 2016 para el cese de Vigo y le obliga a reincorporarla a su puesto con abono de los emolumentos dejados de percibir y "con todos los efectos administrativos inherentes a dicho puesto de trabajo".

En la sentencia, la juez dice que el cese de la interventora es un acto administrativo que conforme al artículo 54 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC) "precisa de motivación" y que esta no puede limitarse a la "pérdida de confianza".

"No nos encontramos ante el cese de un cargo político ni ante el cese de personal eventual o de asesoramiento", dice la sentencia.

El ayuntamiento de Madrid anunció en su momento que cesaba a Beatriz Vigo dentro de un proceso de mejora de los "canales de control administrativo" de los contratos y que no estaba ligado a una "decisión política".

En septiembre de 2016, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento nombró a María José Monzón Mayo como nueva interventora general del Ayuntamiento de Madrid, en sustitución de Vigo Martín.

Unas semanas después, la Delegación del Gobierno recurrió el cese de la interventora por suponer una postura "absolutamente arbitraria", carecer de motivos de carácter objetivo que la justificasen y por responder a una finalidad política.

Entre los motivos esgrimidos por la Delegación en su recurso se especificaba que la interventora no puede ser considerada como un órgano directivo, como había expresado el Ayuntamiento, y por tanto era necesario motivar el cese.

 

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