Un juez cita como investigados a la antigua cúpula del Colegio de Procuradores de Madrid - MADRID ACTUAL

Un juez cita como investigados a la antigua cúpula del Colegio de Procuradores de Madrid

Un juez cita como investigados a la antigua cúpula del Colegio de Procuradores de Madrid
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El Juzgado de Instrucción número 52 de Madrid ha citado como investigados al presidente del Consejo General de Procuradores de España, Juan Carlos Estévez, y a dieciséis miembros de la antigua directiva del Colegio de Procuradores de Madrid por presuntos delitos de falsificación de documento y prevaricación.

En un auto, fechado el pasado 27 de septiembre, la magistrada Belén Sánchez Hernández les cita para el próximo jueves 6 de octubre a partir de las 09.30 horas en el marco de la querella presentada por la Asociación para la Defensa del Procurador.

Todos los investigados eran integrantes de la Junta de Gobierno del Colegio de Procuradores de Madrid en el año 2003, que estaba presidida en aquella época por Estévez, actual presidente del Consejo General de Procuradores de España.

Entre los investigados, además de Estévez, está el actual decano del Colegio de Procuradores de Madrid, Gabriel María de Diego, y el secretario del Consejo, José Manuel Villasante, si bien no figura entre los querellados el exdecano del Colegio Antonio Álvarez-Buylla.

La querella responde al proceso de cambio de los estatutos del Colegio de Procuradores de la Comunidad de Madrid iniciado en noviembre de 2003 y del que los colegiados no volvieron a tener conocimiento hasta que cuatro años más tarde, en 2007, se publicó en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.

La cuestión es que el texto publicado no es el mismo que el aprobado en 2003, sino que tiene seis artículos y tres disposiciones más que el original y, según los querellantes, "alteraciones en otros cincuenta artículos".

El juzgado rechazó la querella inicialmente por considerar que habían prescrito los hechos y que los procuradores no tienen condición de autoridad, por no ser funcionarios.

Sin embargo, la Audiencia rebatió ese argumento, dado que los querellados eran miembros de una entidad de derecho público, ejercían funciones públicas y, a efectos penales, tenían consideración de funcionarios públicos.

También rechaza el argumento de la prescripción, dado que los estatutos se publicaron en 2007 y no han transcurrido los diez años que establece la ley.

 

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