De 1 a 4 años de cárcel a 5 acusados de estafa en compra de pisos del Ivima - MADRID ACTUAL

De 1 a 4 años de cárcel a 5 acusados de estafa en compra de pisos del Ivima

De 1 a 4 años de cárcel a 5 acusados de estafa en compra de pisos del Ivima
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El Tribunal Supremo ha confirmado las penas de un año a cuatro años y siete meses de cárcel para cinco acusados de estafa al comprar pisos sociales del Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima) haciendo figurar a falsos adjudicatarios en lugar de los verdaderos, que eran fallecidos o ausentes.

El principal acusado, Julio G.M., entre 2000 y 2004 era inspector visitador de la entidad Gestión de Planificación Urbanística S.L. (Geplaur), sociedad que se encargaba de la gestión externa de las viviendas del Ivima que estaban en régimen de acceso diferido a la propiedad y que comprobaba entre otras cosas si estaban ocupadas o no por los adjudicatarios, informa el Tribunal Supremo.

Según la sentencia Julio G.M. ofreció a un primo de su mujer una de estas viviendas cuya adjudicataria real había fallecido y al hijo de la cual se le denegó su subrogación.

Añade que la base de datos informáticos del Ivima fue manipulada y apareció como titular de la adjudicación el citado primo de la mujer del inspector.

Agrega que posteriormente se siguió un sistema parecido para comprar al Ivima otras tres viviendas, todas ellas en las zonas de San Blas y Vallecas.

Julio G.M. fue condenado por la Audiencia de Madrid a cuatro años y siete meses de cárcel por estafa continuada en concurso con falsedad documental, mientras que el primo de su mujer ve confirmada en virtud de la resolución del alto tribunal una pena de tres años.

Otros tres acusados, que obtuvieron otras tantas viviendas pese a no ser adjudicatarios, quedan condenados a un año de cárcel por estafa.

El Supremo solo corrige la pena a uno de estos últimos, al que le absuelve de la falsedad documental por la que también fue condenado por la Audiencia Provincial.

El alto tribunal ratifica la declaración de nulidad de las cuatro ventas realizadas por el Ivima en el marco de la estafa.

La sentencia de la Audiencia explicaba que el Ivima es un organismo autónomo mercantil de carácter comercial y financiero adscrito a la Consejería de Política Territorial de la Comunidad de Madrid.

Además que Geplaur se encargaba de la gestión de parte del patrimonio inmobiliario del Ivima, en concreto de la externa de las viviendas de acceso diferido, comprobando si estaban o no ocupadas por los adjudicatarios y las incidencias que se pudieran producir, asó como de todas las gestiones y trámites conducentes a la adquisición.

Para realizar su cometido esta empresa estaba autorizada a utilizar los ordenadores del Ivima y acceder a su base de datos, teniendo asimismo la posibilidad de modificarlos al contar con las claves de acceso de funcionarios y directivos del instituto, según se declaró probado.

 

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