Prisión permanente revisable: el Gobierno atiende un clamor social - MADRID ACTUAL


Prisión permanente revisable: el Gobierno atiende un clamor social

Prisión permanente revisable: el Gobierno atiende un clamor social
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Excepto España, Noruega, Croacia y Serbia, el resto de países de Europa cuentan en su Código Penal con la figura de la prisión permanente revisable, también denominada cadena perpetua revisable. El Partido Popular en el programa electoral con el que se presentó a los comicios del pasado 20 de noviembre contemplaba un endurecimiento de las leyes penales mediante una revisión de las mismas alzando el número de años de privación de libertad para los delitos más execrables.

El Gobierno, con el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, al frente, ha aprobado la modificación del Código Penal que a partir de ahora contemplará, entre otras medidas y figuras, la prisión permanente revisable así como la custodia de seguridad. Todas las modificaciones que establece la nueva normativa gozan del visto bueno de un grupo de expertos jurídicos que han trabajado codo con codo con el titular de Justicia durante más de medio año, y de un informe del Consejo de Estado que determinó que la figura de la prisión permanente revisable no vulnera el principio de la reinserción y reeducación del reo proyectado en la Constitución.

Casos dramáticos de asesinatos a menores vividos en España en los últimos años como el de Sandra Palo, Mari Luz Cortés, Marta del Castillo, o el último de Ruth y José, han consolidado la idea de la necesidad del endurecimiento del Código Penal implantando la prisión permanente revisable. Esta implantación estará en sintonía con los países europeos que la contemplan; consiste en que el preso cumpla la pena privativa de libertad -entre 25 y 35 años- y que después se revise su puesta en libertad si cumple una serie de requisitos; revisión se podrá realizar de oficio o a instancia de parte cada dos años. La prisión permanente revisable se aplicará en delitos de terrorismo, magnicidio, asesinatos de menores de 16 años o discapacitados, y como en los producidos tras una agresión sexual sobre la víctima.

"Era algo que la ciudadanía estaba esperando desde hacía ya tiempo", aseguró el padre de la sevillana Marta del Castillo, que casi cuatro años después del asesinato no ha podido dar sepultura a su hija. En la misma línea se ha manifestado el padre de la pequeña Mari Luz Cortés: "Se ha tenido que luchar mucho para conseguir algo necesario para la sociedad y satisfacer una carencia que tenía la justicia española". El Gobierno cumple su programa y atiende un clamor social.

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